La Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) fue aprobada en el Congreso de la Unión una vez que se analizaron los principios constitucionales de proporcionalidad, equidad y legalidad que deben reunir las contribuciones para su validez, y se determinó, dandose los motivos y razonamientos para ello, que ésta ley no violaba tales principios.

Lo anterior, en un sano ejercicio por parte de nuestros legisladores tendiente a evitar el que los contribuyentes pudieran ejercer su derecho al amparo en contra de la Ley respectiva, y que esto pudiera repercutir en los planes de recaudación esperada con éste nuevo impuesto, ya que evidentemente si la ley publicada no viola tales principios pues no habría manera de que los contribuyentes pudiesen ganar un posible amparo en contra de ella.

Sin embargo, sucede que a pesar de las buenas intenciones de los legisladores la cuestión es que la Ley finalmente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1o.  de Octubre de éste año, viola dichos principios constitucionales no en una, sino en varias de sus disposiciones, lo cual nos lleva a concluir que una de dos: o nuestros ilustres diputados no han entendido en que consisten dichos principios constitucionales, o bien, hubo negligencia, falta de profundidad en el tema y exceso de confianza a la hora de analizar tales situaciones.

En el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados del 11 de Septiembre del 2007, se señala que para esa comisión no había pasado desapercibido las críticas y comentarios de  diversos sectores de la población en el sentido de que las disposiciones que regulaban al IETU eran violatorias del artículo 31 fracción IV Constitucional, por lo que se estimaba conveniente manifestar los considerandos por los cuales la Ley del IETU no violaba tales principios.

De esta manera, reconocen que las contribuciones deben cumplir con los principios de proporcionalidad, equidad y legalidad y manifiestan los diversos puntos de vista por los cuales se considera que se cumple con ellos, más sin embargo se señala que tal limitante a la facultad del legislador para imponer contribuciones encuentra su excepción en los fines extrafiscales de las contribuciones.

Es decir, que de acuerdo al criterio de los legisladores, cuando una contribución tiene un fin extrafiscal ya no tiene que cumplir forzosamente con los citados principios de proporcionalidad, equidad y legalidad que emanan del artículo 31 fracción IV de la Constitución Política Mexicana.

Para ello argumentan que el IETU tiene, además del fin de elevar la recaudación tributaria en nuestro país, diversos fines de carácter extrafiscal, tales como:

a) Sustituir los ingresos petroleros

b) Lograr una mejor distribución de la riqueza

c) Contribuir al desarrollo sostenido del país.

De ésta forma se señala que “….se refuerza la constitucionalidad….” del IETU y se justifica el que no se permita la deducción de ciertas partidas en la mecánica de cálculo respectivo.

Entonces, gran parte del argumento o justificación manejado en el Congreso de la Unión para concluir que la Ley del IETU cumple con los principios constitucionales del artículo 31 fracción IV de la Constitución, descansa en la afirmación e idea de que por tener un supuesto fin extrafiscal, ya no tiene porque cumplir con tales principios.

En relación a los fines extrafiscales de las contribuciones, es decir, aquellos fines ajenos al de recaudar para cubrir los gastos públicos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencia señalando que tales fines tienen su fundamento en el artículo 25 Constitucional y que su aplicación debe reflejarse en la Ley, en su exposición de motivos o en cualquier etapa de formación de la ley respectiva, ya que en caso de problemas de constitucionalidad de la ley deberá atenderse a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de crearla.

Es decir, ya en ésta jurisprudencia, la No.46/2005 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en Mayo de 2005, se reconoce de manera indirecta que tales dispositivos legales, aunque tengan un fin extrafiscal, deben cumplir con los principios constitucionales y por ello se señala que los razonamientos o fines extrafiscales deben expresarse en alguna de las etapas de formación de la ley, para así poder estar en condiciones de determinar la validez constitucional de tal contribución ya que los fines extrafiscales sólo serán un elemento más a considerar para determinarlo.

Esto es asi ya que no basta con que se le asigne un fin extrafiscal a una ley para que sea constitucional de facto, ya que de ser así estariamos entonces sujetos a que se pudiera establecer cualquier cantidad de contribuciones con ese fin tan genérico y amplio como lo es la redistribución de la riqueza, y que es uno de los fines que se manejan en la creación del IETU.  

Por otra parte, nos encontramos con la siguiente tesis de la SCJN:

CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La existencia de un fin extrafiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se pretende alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusivamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar la constitucionalidad o no de un determinado precepto.

Por lo tanto, creo que es evidente que a nuestros legisladores les faltó profundizar en el tema y que, bajo las situaciones de evidente inconstitucionalidad con que se publicó la Ley del IETU, puede ocasionar el que una gran cantidad de contribuyentes opte por el amparo y no se logre la meta de recaudación esperada para el 2008.