Derivado de la cercanía de la fecha límite para presentar el amparo contra IETU como consecuencia de el primer acto de aplicación de la ley, representado por la presentación del primer pago provisional de dicho impuesto, surge la interrogante en relación a si es procedente el amparo en estos momentos o hasta que se presente la declaración anual del IETU ya que se dice que éste impuesto se calcula de manera anual, por lo que hay quienes opinan que un amparo ahora después de la presentación del primer pago provisional sería improcedente.
Sobre esto es conveniente recordar que para tramitar el amparo se requiere que ese acto de aplicación de la ley ocasione un perjuicio al contribuyente, es decir, que se vea afectado su interés jurídico, ya que si el acto de aplicación de la ley respectiva no causa perjuicio el trámite será sobreseído.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido jurisprudencia en este sentido:
INTERÉS JURÍDICO EN SENTIDO AMPLIO. INTERPRETACIÓN BASADA EN EL SIGNIFICADO SEMÁNTICO DE DICHA EXPRESIÓN Y EN EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 4o. DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de garantías está condicionada por la titularidad de un interés jurídico, concepto que debe analizarse a la luz de su significado semántico y de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo. Así, la palabra “interés”, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se identifica con un provecho, utilidad o ganancia, mientras que lo “jurídico” es todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él. Por su parte, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo establecen que para acudir al juicio de amparo se requiere la existencia de un agravio o perjuicio. En este sentido, el interés jurídico, en sentido amplio, debe entenderse como la mera afectación a la esfera jurídica de un gobernado, puesto que ni de la Constitución, ni de la Ley de Amparo, se advierten elementos mayores de interpretación de dicho concepto.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 186/2002. Hotel Flamingos Plaza, S.A. de C.V. 15 de julio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Rosalba Becerril Velázquez. Secretaria: Fabiana Estrada Tena. Localización: Séptima Época, Sala Auxiliar, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 72 Séptima Parte, p. 55, jurisprudencia, Común.
Ahora bien, si para tramitar el amparo el acto de aplicación de la ley debe ocasionar un perjuicio al contribuyente….Qué tipo de perjuicio es éste?…..Será patrimonial, moral, o puede ser cualquier tipo de perjuicio?…..La SCJN ha emitido diversas resoluciones en donde ha quedado expresado el que el concepto perjuicio para fines del amparo tiene una definición amplia ya que va más allá del patrimonial o privación de la ganancia lícita, para señalar que tal término debe entenderse como sinónimo de ofensa a los derechos e intereses de una persona.
He aquí la jurisprudencia respectiva:
INTERES JURIDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: “El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona”. Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, “no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados” (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Epoca. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial.
Precedentes: Séptima Epoca, Séptima Parte:
Volumen 72, página 23. Amparo en revisión 7510/65. Cornelio González y coagraviados. 6 de marzo de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.
Volumen 72, página 23. Amparo en revisión 2972/62. Alfonso Moreno Carmona. 28 de marzo de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.
Volumen 72, página 23. Amparo en revisión 1017/59. Inmobiliaria María de Lourdes, S.A. 27 de octubre de 1969. Cinco votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.
Volumen 72, página 23. Amparo en revisión 5550/57. Inmuebles San Angel, S.A. 14 de mayo de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.
Volumen 72, página 23. Amparo en revisión 6608/58. Jacinto González González. 16 de junio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.
En relación al IETU, si bien es cierto que éste impuesto se calcula de manera anual, también es cierto que existe la obligación legal de efectuar pagos provisionales a cuenta de ese impuesto anual, y que si no se efectúan esos pagos provisionales el contribuyente se hace acreedor a una sanción, por lo tanto, es obvio que el primer acto de aplicación de la ley lo constituirá el entero del primer pago provisional ya que es en ese momento cuando se está aplicando la ley en su contra. Dicho de otra forma, el primer pago provisional constituye el primer acto de aplicación de la ley ya que incluso se establece una sanción por no presentarse, no obstante que el cálculo del impuesto es anual, por lo que si existe una sanción es porque existe un acto de ley que el contribuyente debe aplicar en los períodos que se señalan en la misma ley, por lo que el acatamiento de la norma donde se establece la obligación de efectuar el pago provisional constituye el acto de aplicación de la ley a partir del cual debe computarse el plazo para presentar el amparo.
Lo anterior encuentra su fundamento en la siguiente jurisprudencia:
Novena Epoca.//Instancia: Pleno.//Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.//Tomo: VI, Septiembre de 1997.//Tesis: P./J. 67/97.//Página: 84
LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes.
Esto es, toda norma que contemple una sanción por no acatarla, al momento de cumplir con ella se considera un acto de aplicación de la ley, por lo que en el caso que nos ocupa, al efectuarse el primer pago provisional del IETU estamos aplicando la ley, ya que de no hacerlo el contribuyente se hace acreedor a una sanción. Igualmente podemos tomar como fundamento para considerar que el pago provisional se considera el primer acto de aplicación de una ley no obstante que el impuesto respectivo se calcule de manera anual, la siguiente resolución en donde se concluye que el primer acto de aplicación de la ley lo es la retención de ISR que un patrón hace a su trabajador, a pesar de que bien sabemos que el ISR se calcula de manera anual y que las retenciones que se hacen en nómina a los trabajadores sólo constituyen un pago a cuenta de tal impuesto anual.
He aquí dicha resolución:
RENTA. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XI, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO LO CONSTITUYE LA RETENCIÓN QUE HACEN LOS EMPLEADORES DEL REFERIDO TRIBUTO. La obligación que los artículos 113 y 118 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil dos imponen al patrón para actuar como retenedor auxiliar de la autoridad hacendaria en tratándose del tributo establecido en el artículo 109, fracción XI, penúltimo párrafo, del propio ordenamiento, se cumplimenta en dos momentos que son consecutivos: a) En primer lugar, reteniendo de los trabajadores el pago del impuesto generado con motivo de la percepción de gratificaciones, aguinaldos o prima vacacional, lo que consta por lo general en los recibos de pago o nómina que se entregan al momento de pagarles su salario; y, b) En segundo, enterándolos al fisco a través de las declaraciones provisionales a las que alude específicamente el citado artículo 113; por tanto, en atención a ese orden, el primer acto de aplicación del precepto citado, que coloca a los empleadores en el supuesto de la norma a efecto de que estén en aptitud de impugnarla, lo es la retención del tributo referido, y no cuando enteran al fisco las retenciones a través de las declaraciones provisionales, pues éstas no son más que la culminación del deber a su cargo de enterarlas por haberlas retenido previamente, lo que lleva a concluir que no es factible que se les considere por sí como el primer acto de aplicación de la norma en cuestión.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Amparo en revisión 251/2003. Hylsa, S.A. de C.V. 30 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: Nelda Gabriela González García.
De igual forma, el hecho de que un pago provisional se considera el primer acto de aplicación de la ley lo podemos encontrar fundamentado en la siguiente resolución donde se hace referencia a que los contribuyentes del ISR que presentan declaraciones de pago provisional en forma mensual a través de medios electrónicos como el Internet, para poder acreditar su presentación y, por lo mismo, para acreditar el acto de aplicación de la ley, requieren la constancia de recepción de la declaración y pago respectivo:
IMPUESTO SUSTITUTIVO DEL CRÉDITO AL SALARIO. LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN Y PAGO VÍA INTERNET PUEDE ACREDITAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CUANDO DE LA MISMA SE DERIVE FEHACIENTEMENTE QUE SE ENTERÓ EL MONTO EQUIVALENTE AL CRÉDITO AL SALARIO MENSUAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Tratándose de contribuyentes obligados a presentar declaraciones de pagos mensuales provisionales o definitivos por concepto de contribuciones federales como el impuesto sobre la renta y el impuesto sustitutivo del crédito al salario, a través de medios electrónicos como internet, la constancia de recepción de la declaración y pago que se efectúa a través de tal vía es el único documento que se puede obtener por ese medio, para acreditar que se efectuó dicha operación y, por tanto, es apto para acreditar el acto de aplicación tratándose de amparo contra leyes sin embargo, ello debe considerarse así cuando de dicha constancia se desprenda el tipo de operación que se realizó, de tal manera que se evidencie la aplicación de la norma impugnada, pero no es posible otorgar plena validez probatoria al citado documento para demostrar la aplicación de la norma o normas impugnadas, en el caso de que del mismo no se desprenda fehacientemente el concepto o conceptos por los cuales se hace el pago o entero, como cuando sólo se advierte que se efectuó un pago complementario por concepto de “ISR retenciones por salario”, sin que aparezca claramente que ese pago complementario corresponde precisamente al entero del monto equivalente al crédito al salario mensual, calculado conforme a la tabla contenida en el artículo 115 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que en tal caso el quejoso está obligado a adminicular dicho documento con diversos medios probatorios, a fin de demostrar fehacientemente que se ubicó en la hipótesis de las normas impugnadas y, por ende, su interés jurídico cuando se promueve el juicio de amparo con motivo del primer acto de aplicación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
Amparo en revisión 181/2003. V Impulsora Comercial, S.A. de C.V. 16 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Ángel Gregorio Vázquez González. Secretaria: Natalia López López.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 1351, tesis I.7o.A.183 A, de rubro: “DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.
Por otra parte, es evidente que en algunos casos el primer acto de aplicación de una ley lo constituirá la presentación de la declaración anual, aún cuando se tenga la obligación de efectuar pagos provisionales, siendo estos casos aquellos en que los elementos o elemento a controvertir mediante el denominado Juicio de Garantías no interviene en el cálculo de los pagos provisionales, tal y como pueden ser partidas como las erogaciones para una persona moral, ya que ésta efectúa sus pagos provisionales sin considerar las erogaciones del ejercicio actual, sino que los hace en función a un coeficiente de utilidad de ejercicios anteriores. Debemos recordar que para tramitar el amparo y éste no sea sobreseído, no sólo basta con que se aplique la ley, sino que es necesario e imprescindible el que se demuestre la afectación del interés jurídico del contribuyente, por lo que como el concepto o disposición que se va a controvertir en la Corte no interviene en el cálculo de los pagos provisionales, pues entonces no podemos decir que existe un acto de aplicación de esa disposición en nuestro perjuicio al hacer dichos pagos provisionales, ya que éste perjuicio ocurrirá hasta hacer el cálculo anual, que es cuando si vamos a considerar todas las erogaciones efectuadas en el ejercicio.
En el caso específico de la Ley del IETU, nos encontramos que los pagos provisionales se calculan de igual manera para todos los contribuyentes, considerando los ingresos y erogaciones efectuadas en el período de pago, por lo tanto, la afectación del interés jurídico se presenta justo ahora cuando se debe calcular el pago provisional ya que no permite efectuar deducciones por erogaciones que se realizaron ahora y que deberían de entrar en el cálculo de pagos provisionales a enterar ahora y no al final del ejercicio.
De esta manera encontramos en las disposiciones de la Ley del IETU que obligan a los contribuyentes a efectuar pagos provisionales los 2 elementos o requisitos para que proceda el amparo:
1.- Acto de aplicación de la ley en perjuicio del contribuyente (norma o disposición de la Ley del IETU que obliga a los contribuyentes a efectuar pagos provisionales, es decir, una norma que obliga al contribuyente a aplicar la ley bajo pena de sanción), y
2.- La afectación jurídica del contribuyente ya que tendrá que considerar para tal cálculo ingresos y erogaciones efectivamente realizadas en el período del pago provisional, no en un futuro, no cuando se haga la declaración anual, e impidiéndole considerar ciertas erogaciones reales y debidamente comprobadas.
Si lo que se controvirtiera de la Ley del IETU fueran conceptos que no intervinieran en el cálculo de los pagos provisionales, entonces si el primer acto de aplicación para fines de la presentación del amparo lo constituiría la presentación de la declaración anual, porque sería en su cálculo cuando se considerarían finalmente, es decir, cuando se presentaría el perjuicio para el contribuyente. Por lo tanto, para determinar este momento, no importa si el impuesto respectivo se calcula de manera anual, mensual, semestral o cualquier otro período, lo que importa es determinar cuando existe la obligación de aplicar la ley, y si esa aplicación de la ley ocasiona un perjuicio para el contribuyente, porque ese es el momento a partir del cual se contará el plazo para tramitar el amparo, y es obvio que cuando en la ley se establece la obligación de efectuar pagos provisionales, el acatamiento a tal norma por parte del contribuyente constituye un acto de aplicación de la ley, y que cuando no se permite considerar dentro de tal cálculo de pagos provisionales erogaciones reales y comprobables como los salarios, prestaciones, aportaciones de seguridad social, intereses, costo de inventarios, etc, pues entonces existe una evidente afectación jurídica para el contribuyente.
Hay que recordar que tales partidas no sólo se manejarán para el cálculo del impuesto anual, sino que también intervienen en el cálculo de los pagos provisionales, por lo que el perjuicio para el contribuyente se da en la aplicación de las disposiciones de ley que obligan al contribuyente a efectuar pagos provisionales, esto es, el perjuicio se da ahora en Enero, en Febrero, en Mayo …..en cualquiera de los meses en los que deba hacer pagos provisionales, no se da hasta fin de año cuando deba presentar declaración anual.
Como ya se ha comentado en un artículo anterior y al cual remito al lector para evitar repeticiones (Ver dicho artículo en el siguiente link 
