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QUIEN DICTAMINE NO PODRA ASESORAR FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE O PRESTARLE OTROS SERVICIOS

8 febrero 2010 1 comentario

El pasado día 7 de Diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Reglamento del Código Fiscal de la Federación (CFF), mismo en donde se han incluido nuevos supuestos en los cuales el contador público registrado estará impedido para formular dictámenes sobre los estados financieros del contribuyente.

El artículo 53 del anterior reglamento establecía los supuestos en los que el contador público registrado se encontraba impedido para dictaminar estados financieros de los contribuyente, en virtud de verse afectada su imparcialidad e independencia, mismos supuestos que se retoman ahora en el artículo 67 de este nuevo reglamento, pero agregándole 3 supuestos o casos mas, los cuales se regulan en las fracciones VII, VIII y IX de dicho numeral.

De esta forma, en el artículo 67 del nuevo Reglamento del CFF se establece que el contador público registrado estará impedido para formular dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, dictámenes de operaciones de enajenación de acciones, declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, por afectar su independencia e imparcialidad, en los siguientes casos:

I. Sea cónyuge, pariente por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea transversal hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, del propietario o socio principal de la empresa de que se trate o de algún director, administrador o empleado que tenga intervención importante en la administración de la misma;

 X. Se encuentre vinculado con el contribuyente de forma tal que le impida independencia e imparcialidad de criterio.

II. Sea o haya sido en el ejercicio fiscal que dictamina, director, miembro del consejo de administración, administrador o empleado del contribuyente o de una empresa afiliada, subsidiaria o que esté vinculado económica o administrativamente al contribuyente, cualquiera que sea la forma como se le designe y se le retribuyan sus servicios.

III. Tenga o haya tenido en el ejercicio fiscal que dictamine, alguna injerencia o vinculación económica en los negocios del contribuyente que le impida mantener su independencia e imparcialidad;

IV. Reciba, por cualquier circunstancia o motivo, participación directa en función de los resultados de su auditoría o emita su dictamen relativo a los estados financieros del contribuyente en circunstancias en las que su emolumento dependa del resultado del mismo;

V. Sea agente o corredor de bolsa de valores en ejercicio;

VI. Sea funcionario o empleado del Gobierno Federal, de las entidades federativas coordinadas en materia de contribuciones federales o de un organismo descentralizado competente para determinar contribuciones.

VII. Reciba de cualquiera de los contribuyentes o de sus partes relacionadas, a los que les proporcione servicios de auditoría externa, bienes que se consideren inversiones y terrenos en propiedad para su explotación por parte del contador público registrado, de la sociedad o de la asociación civil que conforme el despacho en el que dicho contador público preste sus servicios, o financiamientos u otros beneficios económicos. Excepto si los bienes o beneficios se reciben como contraprestación por la prestación de sus servicios;

VIII. Proporcione directamente o a través de un socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público preste sus servicios, adicionalmente al de dictaminar estados financieros, los servicios de:

a) Preparación de manera permanente de la contabilidad del contribuyente;

b) Implementación, operación y supervisión de los sistemas del contribuyente que generen información significativa para la elaboración de los estados financieros a dictaminar;

c) Auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables, y

d) Preparación de avalúos o estimaciones de valor que tengan efectos en registros contables y sean relevantes, en relación a los activos, pasivos o ventas totales del contribuyente a dictaminar;

IX. Asesore fiscalmente al contribuyente que dictamine en forma directa o a través de un socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público preste sus servicios, y

X. Se encuentre vinculado con el contribuyente de forma tal que le impida independencia e imparcialidad de criterio

En el caso de los señalados en las fracciones VIII y IX de este artículo, es posible observar que el impedimento para dictaminar surge incluso cuando el propio contador público registrado no sea el que preste de manera directa los servicios señalados en ellas, sino que basta con que tales servicios sean prestados por algún socio o empleado del despacho donde el contador público registrado preste sus servicios, para que se encuentre impedido para dictaminar.

Tales supuestos, como son los de registro contable, asesoría fiscal, de valuación, supervisión, etc., aunque en teoría pueden efectivamente tener injerencia en la imparcialidad e independencia del trabajo de auditoría, pues no necesariamente tiene que ser así ya que tales servicios pueden y deben ser realizados respetando la normatividad contable y legal aplicable en su caso, por lo que no tendría porque contraponerse o afectar los resultados de una auditoria y si en cambio tales servicios pueden coadyuvar a una mayor certidumbre en relación al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente, ya que entre mas conozca el auditor de las operaciones del contribuyente, entre más esté involucrada en ellas, pues es evidente que tendrá más elementos para determinar la situación fiscal del contribuyente con mayor certeza.

 Tal y como está la disposición en comento tal pareciera que la autoridad desconfía de todos los contadores públicos registrados y considera que por el hecho de prestar otros servicios, de involucrarse mas en las operaciones de la empresa, el dictaminador inevitablemente va a coludirse con el contribuyente para falsear la información a presentar en el dictamen fiscal.

Tal disposición ha ocasionado el que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) haya celebrado reuniones con funcionarios hacendarios a fin de tratar de modificar dicha disposición, logrando el que con fecha 28 de Diciembre y a través de la 3ª Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2009, se haya publicado la regla I.2.18.14., en la cual se hacen las siguientes precisiones:

a) En cuanto a diseño e implantación de sistemas, se permite la participación del contador público registrado o del despacho en el que funja como socio o en el que preste sus servicios, siempre y cuando el contribuyente conserve la responsabilidad del proyecto, asignando la dirección del mismo a un funcionario con la competencia y nivel adecuado para tomar decisiones de planeación, coordinación y supervisión.

b) En cuanto a la auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables, se permite la participación del contador público registrado o del despacho en el que funja como socio o en el que preste sus servicios, siempre y cuando el contribuyente conserve la responsabilidad de dicha función. Se entiende que el contribuyente conserva la responsabilidad cuando uno de sus funcionarios con la competencia y nivel adecuados planea, supervisa y coordina las funciones y emite los informes correspondientes.

c) En cuanto a la asesoría fiscal, se considera que el contador público registrado no se ubica en la causal de impedimento, si la prestación de los servicios no incluye la participación o responsabilidad del contador público registrado, o del despacho en el que funja como socio o en el que preste sus servicios, en la toma de decisiones administrativas y/o financieras del contribuyente.

d) En el caso de recibir de cualquiera de los contribuyentes o de sus partes relacionadas, a los que les proporcione servicios de auditoría externa, bienes que se consideren inversiones y terrenos en propiedad para su explotación por parte del contador público registrado, de la sociedad o de la asociación civil que conforme el despacho en el que dicho contador público preste sus servicios, o financiamientos u otros beneficios económicos, se considera que el contador público registrado se ubica en la causal de impedimento, cuando reciba de un contribuyente o sus partes relacionadas, a los que les formule dictámenes para efectos fiscales, inversiones de capital en su despacho, financiamientos u otros intereses económicos.

Como es posible observar, a través de dicha regla de miscelánea fiscal se pretende permitir el que el contador público registrado, o el despacho a través del cual presta sus servicios, pueda prestar servicios adicionales al del dictamen fiscal,  como son los de diseño e implantación de sistemas, auditoria interna y asesoría fiscal, siempre y cuando el contribuyente sea el que mantenga la responsabilidad de la función o de la toma de decisiones administrativas y financieras, por lo que será muy importante, para evitar posibles contingencias con las autoridades fiscales, el que en el contrato de servicios respectivo se precise perfectamente tal circunstancia.

REFORMA AL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Relacionado con el post anterior y con el fin de complementar lo expresado ahi, el día de hoy salió publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se incluye una autoridad o entidad más ante la que las instituciones de crédito podrán proporcionar información bancaria de los cuentahabientes sin considerarse que se ha violado el secreto bancario.

Esta entidad es la Unidad Fiscalizadora de los Recursos de los Partidos Políticos, el cual es un órgano del IFE, por lo que de manera correlacionada igual se modificó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), en el cual se hace referencia a la confidencialidad que deben guardar las autoridades fiscales sobre la información que conozcan de los contribuyentes en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Por lo tanto, esta reforma no modifica en nada la esencia de lo manifestado en el post anterior y puedes consultar el texto del DOF con dicha reforma en el siguiente link:

 http://www.analisisfiscal.com/dof/2008/070108_reforma_cff_lic.htm

 

ALCANCE DEL TÉRMINO “DE INMEDIATO” PARA PRESENTAR LA CONTABILIDAD EN REVISIONES DEL SAT

Hemos hablado en posts anteriores sobre que la contabilidad debe presentarse de inmediato en el caso de revisiones por parte de la autoridad fiscal, y esto es así porque en el artículo 53 del Código Fiscal de la Federación (CFF) se nos establece los plazos que el contribuyente tiene para presentar los datos, informes o documentos que la autoridad requiera para ejercer sus facultades de comprobación.

 

Estos plazos son los siguientes:

a)      En el caso de la contabilidad, la presentación es de inmediato.

b)      En el caso de documentos que deba tener en su poder el contribuyente, se tendrá 6 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva.

c)      En el caso de otro tipo de documentos, datos o informes, se tendrá 15 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de la solicitud respectiva.

 

Bien, si toda la documentación que integra la contabilidad para fines fiscales se debe presentar de manera inmediata ya que si no se hace así entonces el contribuyente se hace acreedor a una multa, cuál será el alcance de tal término?…….Por inmediato se debe entender que es en el instante mismo en que la solicitan?…..O es otro momento?.

 

El término “de inmediato” aunque implica un plazo breve para cumplir con lo solicitado, no significa que deba ser al instante, que por aquí me la solicitan y ya estoy abriendo un cajón de inmediato para mostrarles los libros y demás documentos integrantes de la contabilidad, según lo que ya hemos visto dispone el artículo 28 del CFF, sino que el contribuyente debe atender tal solicitud enseguida a la misma y dentro del mismo día en que fue efectuada, a fin de que tenga la oportunidad de buscar la información y esté en posibilidades de proporcionarla adecuadamente.

 

Esto es, si la contabilidad la proporcionamos el mismo día en que nos la solicitaron, entonces la hemos presentado “de inmediato”. Tal es el alcance de tal término, según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que a continuación se reproduce:

 

No. Registro: 190,207

Jurisprudencia

Materia(s): Administrativa

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XIII, Marzo de 2001

Tesis: VI.1o.A J/15

Página: 1628

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ALCANCES DEL TÉRMINO “DE INMEDIATO” PREVISTO EN EL ARTÍCULO 53, INCISO A), DEL.

Dicho precepto legal establece que: “En el caso de que con motivo de sus facultades de comprobación, las autoridades fiscales soliciten datos, informes o documentos del contribuyente, responsable solidario o tercero, se estará a lo siguiente: Se tendrán los siguientes plazos para su presentación: a) Los libros y registros que formen parte de su contabilidad, solicitados en el curso de una visita, deberán presentarse de inmediato, así como los diagramas y el diseño del sistema de registro electrónico, en su caso.”. Ahora bien, el término “de inmediato” para la presentación de la documentación solicitada en el curso de una visita, debe entenderse que ha de realizarse enseguida a la solicitud correspondiente, pero ello no significa como lo aduce la quejosa que el cumplimiento deba ser tan rápido que ni siquiera le dé tiempo de buscar la documentación en sus archivos, sino que esté en condiciones de atender lo solicitado el mismo día en que se haga el requerimiento respectivo, de tal manera que el término “de inmediato” sí constituye un plazo, el cual aun cuando breve permite al visitado presentar la documentación solicitada el día en que ésta es requerida.

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 177/99. Corporación Maquiladora de Café, S.A. de C.V. 18 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: Isabel Iliana Reyes Muñiz.

Amparo directo 494/99. Comercial Rueda Carreón y Sucesores, S.A. de C.V. 4 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona.

Amparo directo 413/99. Pinturas Comex Sarape, S.A. de C.V. 14 de junio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretaria: María Elena Gómez Aguirre.

Amparo directo 35/2000. Susana Montero Zárate. 7 de noviembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

Amparo directo 207/2000. Hotelera Las Matas, S.A. de C.V. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

 

SON LOS ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS INTEGRANTES DE LA CONTABILIDAD PARA FINES FISCALES?

Dentro de la relación jurídica tributaria la autoridad fiscal tiene la facultad de verificar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales, para lo cual en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF) se establecen las vías o medios a través de los cuales podrán ejercer tal facultad de comprobación.

Mientras que por el lado de los contribuyentes, éstos tienen la obligación de proporcionar a la autoridad los elementos necesarios para que ésta pueda comprobar que han cumplido con sus obligaciones fiscales a cargo, principalmente las de pago de impuestos.

El medio o elemento idóneo para demostrar a la autoridad tal situación lo constituye la contabilidad, ya que es en éste medio donde quedan asentadas todas las operaciones de la empresa o persona en general por lo que es la fuente para generar información con los más disímbolos fines (para accionistas, acreedores, bancos, autoridades fiscales, público en general, etc., etc.).

En relación al aspecto o finalidad fiscal que la contabilidad puede tener o cumplir, nos encontramos con que las disposiciones fiscales nos señalan los elementos o conceptos que integrarán la contabilidad para fines fiscales, lo cual es de vital importancia para el contribuyente ya que en caso de revisión por parte de las autoridades debe presentar la contabilidad de manera inmediata, ya que en caso de no hacerlo así se haría acreedor a una multa.

De ahí la importancia de que las disposiciones fiscales nos señalen que conceptos integran la contabilidad ya que esto otorgará certeza jurídica al contribuyente sobre que documentos o informes debe entregar de manera inmediata para evitar la sanción pecuniaria respectiva o para que la autoridad no lo sancione de manera indebida.

De esta forma, en el artículo 28 del CFF se establece el que “Quedan incluidos en la contabilidad los registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales, los que lleven los contribuyentes aun cuando no sean obligatorios y los libros y registros sociales a que obliguen otras leyes.

 

En los casos en los que las demás disposiciones de este Código hagan referencia a la contabilidad, se entenderá que la misma se integra por los sistemas y registros contables a que se refiere la fracción I de este artículo, por los papeles de trabajo, registros, cuentas especiales, libros y registros sociales señalados en el párrafo precedente, por los equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y sus registros, por las máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se esté obligado a llevar dichas máquinas, así como por la documentación comprobatoria de los asientos respectivos y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales”.

De tal suerte que dicho numeral del CFF precisa que la contabilidad se integrará por lo siguiente:

1.- Registros y cuentas especiales a que obliguen las disposiciones fiscales.

Ejemplo: Registro de bienes sujetos a deducción inmediata, control de inventarios en base al sistema de inventarios perpetuos, etc.

2.- Registros y cuentas que lleven los contribuyentes y que no sean obligatorios por virtud de una disposición fiscal.

Ejemplo: Registro de activos enajenados, registro de donativos otorgados, etc.

3.- Libros y registros sociales a que obliguen otras leyes.

Ejemplo: Libro de actas y accionistas.

4.- Sistemas y registros contables que identifiquen cada operación relacionándola con la documentación comprobatoria.

Esto es la contabilidad en si misma.

5.- Papeles de trabajo.

Estos son el conjunto de documentos que elabora el contribuyente para determinar el monto de impuestos a cargo y que queda como soporte del pago o declaración  presentada. Ejemplo: Cálculo de la depreciación actualizada, cálculo del ajuste por inflación, cálculo del IVA mensual, cálculo del pago provisional de ISR, etc., etc. 

6.- Equipos y sistemas electrónicos de registro y sus registros.

Ejemplo: la computadora y programas donde se procesaron las operaciones de la empresa, así como los discos y/o cintas en que se guarden.

7.- Máquinas registradoras de comprobación fiscal y sus registros, cuando se tenga la obligación de tenerlas.

8.- Documentación comprobatoria de los asientos.  

Ejemplo: La documentación soporte idónea para comprobar la veracidad de la operación registrada en contabilidad (facturas expedidas y recibidas, notas, contratos, recibos, etc.)

9.- Comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.

Ejemplo: Declaraciones de impuestos, avisos al RFC, constancias, etc.

 

Como es posible observar, dentro de lo dispuesto en el artículo 28 del CFF en ningún momento se hace referencia de manera expresa a que los estados de cuenta bancarios formen parte integrante de la contabilidad para fines fiscales; sin embargo, si repasamos los 9 conceptos que de acuerdo a dicho precepto integran la contabilidad para fines fiscales, y quisiéramos enclavar de alguna forma a los estados de cuenta bancarios en alguno de ellos, pues únicamente  se podría pensar que tal documento se encuentra incluido de manera tácita o implícita en alguno de los siguientes 2 conceptos:

a)     Papeles de trabajo, o

b)     Documentos comprobatorios de los asientos contables.

En relación a los papeles de trabajo, como ya se mencionó, estos son el conjunto de documentos que elabora el contribuyente para determinar el monto de impuestos a cargo y que queda como soporte del pago o declaración  presentada. Esto es, en un papel de trabajo se vacía información tomada de otras fuentes (la contabilidad, facturado, estados de cuenta, etc.) para realizar las operaciones aritméticas necesarias o el desarrollo del sistema previsto por la ley para el cálculo de una contribución, por lo que en los papeles de trabajo únicamente consta el cálculo realizado para llegar a la cantidad de impuestos enterada al fisco y ya la fuente de tales cálculos son elementos adicionales que pueden ser parte de la contabilidad para fines fiscales o no, pero que evidentemente ya no integran los papeles de trabajo porque son ajenos a ellos.

Esto es, para calcular el pago provisional de ISR de una persona moral se elabora un papel de trabajo en donde, para determinar los ingresos del período, se vacía el dato de los ingresos obtenidos en el período a que corresponde el pago provisional, y este dato lo obtengo de las facturas emitidas en el período en conjunto con el auxiliar contable de la cuenta donde se registran los ingresos, y posteriormente plasmo en el papel de trabajo toda la mecánica de cálculo que para determinar el pago provisional de ISR se establece en la Ley respectiva, y ese cálculo será mi papel de trabajo, pero las facturas y el auxiliar contable en donde me basé para efectuarlo no son parte de ese papel de trabajo ya que estos son sólo los elementos fuente de donde tomé la información, y que insisto, pueden ser parte de  la contabilidad o no.

En el caso concreto de los estados de cuenta bancarios, estos sirven de fuente o base para elaborar un muy común papel de trabajo que se elabora en las empresas, siendo éste el de las conciliaciones bancarias, el cual nos sirve para cerciorarnos de que se encuentran registradas en contabilidad absolutamente todas las transacciones bancarias del período a través de la verificación de que existe una correlación entre lo registrado en contabilidad y lo manifestado por el banco a través del estado de cuenta respectivo, por lo que entonces la conciliación bancaria es una herramienta de control interno en relación a las transacciones celebradas entre la empresa y el banco donde se tiene la cuenta bancaria.

Esto es, la conciliación bancaria no es un papel de trabajo con carácter fiscal ya que a través de él no determinamos el cálculo de ningún impuesto, por lo que el que se prepare o no se haga, no tiene una repercusión fiscal, ya que no hay ley u ordenamiento legal alguno que obligue a efectuarlo, y sólo es recomendable efectuarlo como una herramienta de control interno, tal y como ya se mencionó.

Por último sobre este tema, es necesario recordar y precisar que una conciliación bancaria no es un registro contable, sino que únicamente constituye un papel de trabajo para controlar operaciones en las que se ha afectado las cuentas bancarias del contribuyente.

En lo que respecta a que los estados de cuenta bancarios pueden estar incluidos en el concepto documentación comprobatoria de los asientos, es necesario recordar que primordialmente, en el caso de los ingresos, el comprobante idóneo del mismo lo constituye la factura emitida o la ficha de depósito respectiva, mientras que en el caso de asientos relativos a erogaciones, el comprobante por excelencia lo constituye el documento expedido por la persona a quien le hacemos el pago.

No obstante lo anterior, es cierto que determinados registros contables, como el de algunas comisiones bancarias, intereses ganados e ISR retenido por los bancos tienen su soporte en los estados de cuenta bancarios ya que no se tiene otro documento como comprobante de los mismos, por lo que solo en estos casos y por esa parte donde se manifiesten los datos respectivos, el estado de cuenta bancario formará parte integrante de la contabilidad para fines fiscales al ser la documentación comprobatoria de los asientos contables respectivos.

Por lo tanto, en caso de requerirse el estado de cuenta bancario cuando no se tengan registrados comisiones, intereses o ISR retenido que sólo conste en tales estados de cuenta bancarios, o bien, tales registros no sean objeto de la revisión, entonces no se tendrá obligación de proporcionarlos porque estos no formarían parte de la contabilidad para fines fiscales.

 

EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO COMO COMPROBANTE FISCAL

De conformidad al artículo 29-C del CFF, el contribuyente tiene la opción de utilizar como medio de comprobación para los efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el original del estado de cuenta bancario, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos en tal dispositivo.

Como es posible observar, lo que el artículo 29-C del CFF prevé es usar el estado de cuenta bancario como comprobante para efectos de las deducciones o acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, mientras que lo que el artículo 28 del CFF establece como integrante de la contabilidad, lo es el documento comprobatorio de los asientos, por lo que se trata de conceptos que son totalmente distintos.

Una cosa es el comprobante fiscal de una operación y otra cosa es el comprobante del asiento contable de la misma operación. Me explico, adquiero un bien por el cual sólo obtengo una nota sencilla, sin requisitos fiscales, por lo que para fines contables/financieros registro la operación y el documento comprobatorio de tal asiento lo constituirá la nota simple obtenida.

Como para fines fiscales no puedo deducir tal erogación amparada tan sólo con la nota sencilla, entonces opto por aplicar lo dispuesto por el citado artículo 29-C del CFF en relación a considerar como comprobante para fines fiscales el estado de cuenta bancario, pero esto sólo lo hago para poder deducir o acreditar fiscalmente, no para comprobar la operación registrada en el asiento contable respectivo, porque éste ya está comprobado con la nota sencilla obtenida de la persona a quien le hice el pago.

Entonces son cosas muy diferentes lo que se regula en el artículo 29-C del CFF y en el artículo 28 del mismo ordenamiento legal, ya que en el primero se hace referencia al comprobante para deducir o acreditar fiscalmente y en el otro se hace referencia al comprobante del asiento contable respectivo, los cuales son diferentes, tal y como ha quedado expuesto.

Por tal motivo, ni siquiera en el caso de que se optara por usar el estado de cuenta bancario como comprobante para fines fiscales éste formaría parte de la contabilidad para fines fiscales, según lo estipulado en el multicitado artículo 28 del CFF.

 

EFECTOS DE LA JURISPRUDENCIA

Como se mencionó en el post anterior del cual deriva el presente artículo, en el mes de Abril de 2008 se publicó en el Semanario Judicial de la Federación la tesis de jurisprudencia 85/2008, donde se establece la ilegalidad de la solicitud de estados de cuenta bancarios al contribuyente en las revisiones de gabinete, ya que estos no forman parte de la contabilidad y, por lo mismo, el contribuyente no se encuentra obligado a proporcionarlos, pudiendo la autoridad fiscal solicitarlos a las instituciones de crédito respectivas a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Por lo que en caso de que la autoridad impusiera una multa por no presentar de inmediato los estados de cuenta bancarios bajo el argumento de que la contabilidad es de presentación inmediata, es necesario hacer valer dicha jurisprudencia donde ya ha quedado establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el que tales documentos no integran la contabilidad para fines fiscales.

 

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