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REFORMA HACENDARIA POR LOS QUE MENOS TIENEN

La iniciativa de reforma fiscal presentada al Congreso de la Unión el pasado 20 de Junio por el Ejecutivo fue denominada o manejada por el gobierno como la “Reforma Hacendaria por los que menos tienen”, sin duda en un afán de obtener la simpatía y aprobación deDiputada Aida Marina ArvizuDiputada Aida Marina Arvizu la población a dicha propuesta, la cual como sabemos, tiene un fin netamente recaudatorio ya que persigue incrementar los ingresos tributarios del país para ya no depender primordialmente de los ingresos petroleros y con esto elevar el gasto social en ciertos rubros como educación, salud, seguridad, etc. Evidentemente que esta finalidad es loable y necesaria, sin embargo, es pertinente cuestionar si la manera en que se pretende lograrlo es la más adecuada, si ésta es la reforma que realmente se necesita o si sólo es la reforma que es posible lograr, si para apoyar a los que menos tienen es necesario imponer nuevos gravámenes que ya sea de manera directa o indirecta al final repercutirán en mayor medida precisamente en los que menos tienen, a través principalmente del aumento de precios en los bienes y servicios. 

Conocemos perfectamente la situación política de nuestro país en donde los partidos manejan las situaciones a su conveniencia y beneficio, en donde para lograr el acuerdo en algo hay que ceder en la aprobación de otra cosa. Sabemos perfectamente que nuestro “honorable” Congreso de la Unión es un gran conglomerado de intereses creados, es la base de la “mafia” que forman los principales partidos políticos y que es la que gobierna realmente al país y que por lo mismo las grandes decisiones solo se toman en función a lo que les conviene, a lo que es mejor para sus intereses, sin importar realmente si tal o cual propuesta es en verdad de beneficio para el país.

Dentro de la sesión en la Cámara de Diputados del 13 de Septiembre del presente año, donde se discutió la reforma fiscal para el 2008, hubo la intervención de la Diputada Aída Marina Arvizu, en la cual expresó de manera clara y contundente, y en una especie de reclamo a sus correligionarios, el hecho de que el Congreso no había podido, o no había querido, el deshacerse de la vieja inercia de hacer todo con una visión cortoplacista y a conveniencia de los intereses creados.  Aunque es obvio que no señala nada que no sepamos, a continuación se reproduce dicha participación por el interés que pudiera causar:

“Lo trascendente de esta reforma hacendaria era su integralidad y que de ella se derivarían mayores recursos. Porque, sin ella, en el mediano plazo las deficiencias de nuestras finanzas públicas serían muy importantes. Entre otras, en la magnitud, calidad y composición del gasto público, en el nivel de la composición de los ingresos y la complejidad de la escritura tributaria, en la eficiencia recaudatoria y en la relación fiscal entre todos los órdenes de gobierno.Como todos sabemos, en México el gasto público es bajo comparado con otros países de la OCDE, sobre todo en materia de gasto para el desarrollo social, que no permiten disminuir la marginación y la desigualdad regional, ni resolver los problema de infraestructura. Los ingresos totales son bajos, de los cuales los petroleros representan casi el 40 por ciento, con la incertidumbre que esto produce, dado las reservas probadas.También sabemos que nuestro país tiene uno de los sistemas tributarios más complicados del mundo, con grandes distorsiones económicas. No hay equidad por los regímenes especiales ni por las exenciones.Es muy complicado para los ciudadanos cumplir con sus obligaciones tributarias. Hay un elevado gasto del Sistema de la Administración Tributaria que, como consecuencia, permite la elusión y la evasión fiscal. Las cifras de Hacienda son claves, nos establecen que la evasión casi equivale al tres por ciento del producto interno bruto. El concepto en cuestión refleja de manera nítida la situación en la que nos encontramos. Efectivamente, el país requiere una reforma tributaria que permita fortalecer las finanzas públicas y consecuentemente allegarse más recursos para atemperar la profunda desigualdad en nuestro país, que se traduce en pobreza y marginación de la que son presa millones de mexicanos. No obstante, debemos reconocerlo, estas reformas que hoy vamos a votar no cumplen con las expectativas. Si recuerdan, quedamos en excluir este tema de la reforma del Estado, precisamente para darle un tratamiento especial, una dedicación particular que nos permitiera arribar a una reforma integral, que fuera la reforma deseable, no la reforma posible. Sin embargo, las cosas no fueron tales. Sin soslayar los avances que este paquete de reformas conlleva, es un hecho que se requiere un planteamiento distinto, acabar con nuestra visión cortoplazista de año con año. Y no porque no sepamos planear a mediano y largo plazos. Todos sabemos cuáles son los problemas financieros de este país y las soluciones. Lo mismo el Ejecutivo federal, como todas las fuerzas políticas que aquí representamos a los ciudadanos. No pudimos, o no quisimos, avanzar en modificar los resabios, las inercias, pero, sobre todo, los enormes intereses que están involucrados en esta reforma. Por principio de cuentas, no contamos con un ejercicio del análisis que derive en un gasto, que derive en una revolución en las prioridades del gasto público. La reforma tributaria propuesta está lejos de ser la reforma fiscal que México necesita. Los temas de fondo no son abordados con profundidad. Primero porque su impacto recaudatorio será menor. En total sólo el 2.8% del producto interno bruto, que está muy lejos de ser lo necesario para enfrentar el rezago tributario en México. Segundo porque no ataca lo que debe atacar, los regímenes de privilegio y la renta, complican el sistema tributario estos dos nuevos impuestos. Tercero porque no aumenta la progresividad de los impuestos para aproximarse a las tasas vigentes en los países de América del Norte y de la OCDE. Estamos, pues, muy lejos de una reforma fiscal para los que menos tienen, pero las características del país y los antecedentes observados prácticamente desde 1997 a la fecha, con la irrupción en el escenario nacional de los gobiernos que ya no fueron de un solo partido sino ahora divididos, han permitido acuerdos, acuerdos mínimos, pero finalmente acuerdos.”

  

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