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EVASION FISCAL Y FUNCIONARIOS CORRUPTOS (3a. PARTE)

TRANSPARENCIA INTERNACIONALLa autoridad fiscal está conciente del gran problema que representa para la consecución de sus metas de recaudación la corrupción que pudiera darse en sus funcionarios y empleados, por lo que en diversas ocasiones ha implementado programas de prevención y combate a éste tipo de ilícitos, aunque quizá no siempre han obtenido los resultados deseados.

Uno de éstos mecanismos lo constituyó la publicación de la famosa Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, la cual tenía como propósito el dar a conocer a los contribuyentes sus derechos frente al fisco, los medios de defensa que le conceden las disposiciones legales, así como la forma como debían de conducirse las autoridades fiscales en las visitas domiciliarias que practicaran.

De acuerdo a dicho documento, con ello se pretendía evitar que los intereses de los contribuyentes se vieran lesionados por la ejecución de un acto o por una resolución administrativa, así como prevenir la posibilidad de la comisión de conductas ilícitas por parte del personal encargado de la recaudación.

Otras medidas implantadas para combatir la corrupción dentro de la SHCP han sido el establecimiento de un sistema interno de información patrimonial, que permita conocer con veracidad y oportunidad los indicadores sobre la situación económica de los funcionarios públicos, la creación de una unidad especial para colaborar estrechamente con los contribuyentes que hayan sido afectados por extorsiones, a efecto de que éstos cuenten con elementos que les permitan corroborar su carácter de víctimas y solicitar la comprensión de las autoridades, cuando los mismos ilícitos hicieran parecerlos como culpables.

Asimismo, se ha elaborado una base de datos sobre los resultados de las visitas domiciliarias en relación con los servidores públicos responsables de las mismas, para establecer patrones de conductas inadecuadas, así como evaluaciones de confiabilidad del  personal, aplicación de cuestionarios de la situación socioeconómica y patrimonial de los servidores públicos, rotación de personal en puestos de alto riesgo, etc.

Entre las medidas de largo plazo, se encuentra el diseño de sistemas administrativos simplificados al máximo y que, por sí mismos, dificulten o hagan virtualmente imposible la corrupción.

El SAT ha activado el Programa para Combatir y Prevenir la Corrupción, con la finalidad de descubrir a funcionarios y empleados que practiquen actos de corrupción, y en los primeros 7 meses de operación se recibieron alrededor de 1,900 denuncias, es decir, un promedio de 271 mensuales y aproximadamente 9 diarias.

La corrupción por supuesto que no es un acto exclusivo de los funcionarios fiscales, la corrupción somos todos, decía por ahí un lema, y es un problema en el que inciden varios elementos: la religión, las costumbres, el sistema económico, las leyes, el tipo de gobierno, etc.  El primer informe de la organización Transparencia Internacional, en el año 2001, dió a México una calificación de 3.3 por las actividades de corrupción que se desarrollaban en él y lo ubicó en el lugar 60 de 90 países. En la evaluación del año 2002, la calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) situó a México en el lugar número 59, y para el año 2003 ocupó el 51, mientras que para el 2007 fue situado en el lugar número 72 con una calificación de 3.5, pero ya entre 180 países evaluados.

Monetizando el asunto, se estima que las “actividades corruptivas” le cuestan al país entre 30 y 40 mil millones de dólares anuales, lo cual representa el 15% de los impuestos generales que se recaudan en México.

El analista Jesús Reyes Heroles alguna vez sostuvo que en México uno de cada cuatro ciudadanos considera que las prácticas inmorales son algo natural y que uno de cada cinco está convencido de que la corrupción siempre ha existido y que siempre se vuelve a lo mismo.

Lamentablemente esa es la percepción general y el recuperar la confianza de los ciudadanos debiera estar entre las prioridades del SAT, por lo que independientemente de los programas y medidas que pudiera implementar para combatir la corrupción en su seno, es necesario que se sancione de manera ejemplar a quienes incurran en éste tipo de actos.

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