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Archive for 4 julio 2008

JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DEL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO

Como sabemos, a partir del 1º. de Julio entró en vigor el denominado Impuesto a los Depósitos en Efectivo, el cual grava los depósitos en efectivo que reciban tanto las personas físicas como morales, sin hacer distinción alguna en cuanto al origen y/o destino de tales recursos, por lo que lo causará cualquier persona que tenga una cuenta en cualquier institución del sistema financiero en nuestro país, sea que esté inscrita ante Hacienda o no.

 

Sobre este impuesto es necesario precisar lo siguiente:

 

1.- Que existe una exención por los primeros $ 25,000.00 que se depositen en un mes en cuentas de un mismo banco, por lo que el impuesto sólo se causará cuando en un mes se reciban depósitos en efectivo que excedan a dicha cantidad, y sobre el monto de dicho excedente.

2.- Este  monto exento es por cada institución financiera en donde se tenga alguna cuenta.

3.- Que no se gravará con el impuesto a los depósitos efectuados a través de medios distintos al efectivo, como son cheques, transferencias electrónicas u otros documentos.

4.- Tampoco se gravará los depósitos en efectivo que correspondan al pago de créditos otorgados por los bancos, hasta por el monto de lo adeudado.

5.-  Que el impuesto también gravará la adquisición de cheques de caja y que en este caso no hay montos exentos, por lo que no importará el monto del cheque de caja.

6.- La Ley ha exentado del impuesto a ciertas entidades, tales como el gobierno en sus 3 niveles, así como a las personas que tienen fines no lucrativos para efectos de ISR.

7.- El impuesto lo recaudarán las entidades del sistema financiero que reciban los depósitos y lo enterarán a la Federación, por lo que el contribuyente no tiene obligación de presentar alguna declaración para enterar este impuesto.

8.- El impuesto lo retendrán las instituciones del sistema financiero al final de cada mes, de cualquiera de las cuentas que tenga la persona abiertas a su nombre.

9.- El impuesto se podrá acreditar contra el ISR a cargo de la persona, o bien, en caso de remanente, contra el ISR retenido a terceros. Si no hubiese ISR contra que acreditarlo, o éste fuera insuficiente, entonces se podrá compensar contra cualquier impuesto (IVA, IETU, etc.) que se deba pagar, y por último, en caso de que aún existiese remanente, se podrá solicitar su devolución.

 

Aunque ciertamente éste impuesto conlleva la finalidad de cualquier otra contribución, la cual es la de obtener recursos que se destinarán a cubrir los gastos públicos, el mismo persigue de manera primordial  un fin extrafiscal, como lo es el de servir de auxiliar en el control de la evasión fiscal, ya que a través de su implementación se pretende detectar a personas que reciben dineros sin pagar el ISR, estando obligados a ello, por lo que se supone que únicamente serían afectadas con el impuesto aquellas personas que realizan actividades productivas sin estar inscritas en el RFC, o bien que estándolo, omiten ingresos para fines de ISR, ya que en la iniciativa respectiva  se asentó el que “…la finalidad primordial de esta nueva contribución es la de crear un mecanismo que impulse el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta y desaliente las medidas evasivas a su pago…”.

 

Sin embargo, las disposiciones que contiene ésta ley no están acordes a ese objetivo primordial de la ley, ya que el impuesto lo causarán no solo quienes evaden el ISR estando obligados a su pago, sino que también lo causarán personas que reciben ingresos exentos de ISR, o peor aún, que no son objeto del ISR, como pueden ser los préstamos, así como personas que no generan ISR a pagar por sus actividades.

 

Esta situación deviene en inconstitucional ya que el contenido de la ley no tiene un sustento en sus finalidades y motivos de existencia, además de que en los casos mencionados es evidente la violación al principio de proporcionalidad tributaria, el cual hace referencia a la capacidad contributiva de los sujetos, misma que no se respeta en estos casos.

 

Esto es así ya que un simple depósito en efectivo no representa o implica la generación de una riqueza, además de que al no gravar los depósitos realizados por otros medios (cheques o transferencias electrónicas), bajo el argumento de que en esos casos la autoridad tiene elementos para poder rastrear y determinar el origen de los recursos, es igualmente atentatorio del principio de equidad tributaria ya que el realizar operaciones por esas vías de ninguna manera garantiza el que las mismas se hagan con recursos que han sido declarados para fines de ISR, y por lo tanto, para poder verificarlo la autoridad tiene que forzosamente ejercer sus facultades de comprobación al igual que en el caso de operaciones efectuadas en efectivo, por lo que si para poder cerciorarse en ambos casos es necesario para ella ejercer sus facultades, entonces porqué no se contempló como objeto del impuesto igualmente a los depósitos por medios distintos al efectivo?

 

De igual forma es inconstitucional el hecho de que sólo se grave con el impuesto a personas que rebasen el monto exento de $ 25,000.00 en un mes, pero que tengan cuentas bancarias en un sola institución financiera, mientras que personas que tengan cuentas en diversas instituciones podrían recibir la misma cantidad de dinero en efectivo que otra persona y no pagar ni un centavo de impuesto……Qué hace diferente jurídicamente a una persona que deposita en efectivo $ 50,000.00 en un mes pero todo en una misma institución financiera, de aquella que deposita la misma cantidad, pero repartida en varias instituciones financieras, sin rebasar en ninguna de ellas el tope exento de $ 25,000.00?…….Es obvio que el hecho de tener cuentas bancarias en varias instituciones financieras no es motivo ni justificación de un trato desigual ya que en realidad ambas personas se encuentran en la misma situación.

 

En México, así como en muchos países del mundo, el efectivo es el medio de pago más común y frecuente, por lo que muchas personas realizan operaciones de esta forma sin dolo o intención de evasión fiscal o cualquier otro acto contrario a las leyes de nuestro país, por lo que una enorme cantidad de personas son afectadas por éste nuevo impuesto (tiendas departamentales, de conveniencia, farmacias, gasolineras, cines, teatros, abarrotes, mecánicos, restaurantes, transportistas, etc., etc.), y no es posible afectar a toda ésta gente por el interés de detectar a quienes evaden sus obligaciones fiscales, ya que éste impuesto nos coloca de inicio a todos aquellos que hacemos operaciones en efectivo como culpables de evasión fiscal. Esto es así porque primero se paga el impuesto y ya luego si resulta que se paga impuestos entonces se te devuelve el impuesto retenido por la institución financiera vía el acreditamiento contra el ISR, la compensación contra otros impuestos o, en última instancia, vía su devolución.

 

Esto es, con el establecimiento de este impuesto la autoridad ejerce el conocido “Primero fusilamos y ya luego averiguamos”, al asumir de manera indebida e ilegal el que todas las personas que realizan operaciones en efectivo por montos mayores a $ 25,000.00 en un mes, lo hacen con fines de evasión fiscal, lo cual es contrario a la Constitución Política Federal, en donde se establece la inocencia de la persona hasta que se demuestre lo contrario.

 

Entonces, y de acuerdo a lo anterior, al violar esta ley los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria que debe revestir toda contribución, ocasiona el que, en nuestra opinión, existan muchas posibilidades de que los jueces concedan el amparo en contra del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y que si el derecho a ampararse en contra de leyes inconstitucionales, como lo es la que comentamos, es ejercida debidamente por las personas afectadas por la misma, es probable su desaparición en el corto tiempo, tal y como en el pasado reciente ha ocurrido con impuesto tales como el Sustitutivo del Crédito al Salario o el Suntuario.

 

Por tal motivo, ponemos a su disposición el servicio de trámite del Juicio de Amparo Indirecto, el cual de acuerdo a la Ley de Amparo debe ser presentado dentro de los 15 días siguientes al primer acto de aplicación de la ley, es decir, una vez que la institución financiera ha realizado la retención respectiva y se nos ha dado a conocer a través de la constancia que se encuentra obligada a proporcionar.

 

Dentro de la documentación que sería necesaria para efectuar tal trámite, se encuentra la siguiente (aunque en caso de requerirse alguna otra se solicitaría en su momento):

 

1.- Copia certificada ante notario del acta constitutiva de la empresa y, en su caso, del poder del representante legal.

2.- Copia certificada ante notario del aviso de inscripción ante Hacienda Federal, si esto es así.

3.- Copia certificada ante notario de la cédula fiscal donde consten las obligaciones dadas de alta ante la autoridad hacendaria, en caso de contar con ella.

4.- Copia certificada de la constancia o estado de cuenta bancario donde conste el Impuesto a los Depósitos en Efectivo retenido por primera vez. Tendría que ser el correspondiente al mes de Julio 2008 o a aquel en donde por primera vez se nos haga la retención de tal impuesto.

5.- Copia de identificación oficial del demandante o su representante legal (por ambos lados).

 

 

En caso de estar interesado en la presentación del amparo respectivo, no dude en contactarnos. Nos encontramos a sus órdenes en la siguiente dirección:

 

Serdán # 861 1er. Piso

Col. Centro C.P. 91700

Veracruz, Ver.

Tel. (01229) 931-15-53

 

Igualmente puede contactarnos en el siguiente mail:

 

vregalado@analisisfiscal.com 

 

En donde con gusto le atenderemos con el esquema más apropiado a su situación en particular para que presente este medio de defensa.  

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E

 

 

C´P. y M.I. Victor Regalado Rodríguez

REFORMA AL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO

Relacionado con el post anterior y con el fin de complementar lo expresado ahi, el día de hoy salió publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma al artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, en donde se incluye una autoridad o entidad más ante la que las instituciones de crédito podrán proporcionar información bancaria de los cuentahabientes sin considerarse que se ha violado el secreto bancario.

Esta entidad es la Unidad Fiscalizadora de los Recursos de los Partidos Políticos, el cual es un órgano del IFE, por lo que de manera correlacionada igual se modificó el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF), en el cual se hace referencia a la confidencialidad que deben guardar las autoridades fiscales sobre la información que conozcan de los contribuyentes en el ejercicio de sus facultades de comprobación.

Por lo tanto, esta reforma no modifica en nada la esencia de lo manifestado en el post anterior y puedes consultar el texto del DOF con dicha reforma en el siguiente link:

 http://www.analisisfiscal.com/dof/2008/070108_reforma_cff_lic.htm