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QUIEN DICTAMINE NO PODRA ASESORAR FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE O PRESTARLE OTROS SERVICIOS

El pasado día 7 de Diciembre de 2009, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo Reglamento del Código Fiscal de la Federación (CFF), mismo en donde se han incluido nuevos supuestos en los cuales el contador público registrado estará impedido para formular dictámenes sobre los estados financieros del contribuyente.

El artículo 53 del anterior reglamento establecía los supuestos en los que el contador público registrado se encontraba impedido para dictaminar estados financieros de los contribuyente, en virtud de verse afectada su imparcialidad e independencia, mismos supuestos que se retoman ahora en el artículo 67 de este nuevo reglamento, pero agregándole 3 supuestos o casos mas, los cuales se regulan en las fracciones VII, VIII y IX de dicho numeral.

De esta forma, en el artículo 67 del nuevo Reglamento del CFF se establece que el contador público registrado estará impedido para formular dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, dictámenes de operaciones de enajenación de acciones, declaratoria formulada con motivo de la devolución de saldos a favor del impuesto al valor agregado o cualquier otro dictamen que tenga repercusión fiscal, por afectar su independencia e imparcialidad, en los siguientes casos:

I. Sea cónyuge, pariente por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado y en línea transversal hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado, del propietario o socio principal de la empresa de que se trate o de algún director, administrador o empleado que tenga intervención importante en la administración de la misma;

 X. Se encuentre vinculado con el contribuyente de forma tal que le impida independencia e imparcialidad de criterio.

II. Sea o haya sido en el ejercicio fiscal que dictamina, director, miembro del consejo de administración, administrador o empleado del contribuyente o de una empresa afiliada, subsidiaria o que esté vinculado económica o administrativamente al contribuyente, cualquiera que sea la forma como se le designe y se le retribuyan sus servicios.

III. Tenga o haya tenido en el ejercicio fiscal que dictamine, alguna injerencia o vinculación económica en los negocios del contribuyente que le impida mantener su independencia e imparcialidad;

IV. Reciba, por cualquier circunstancia o motivo, participación directa en función de los resultados de su auditoría o emita su dictamen relativo a los estados financieros del contribuyente en circunstancias en las que su emolumento dependa del resultado del mismo;

V. Sea agente o corredor de bolsa de valores en ejercicio;

VI. Sea funcionario o empleado del Gobierno Federal, de las entidades federativas coordinadas en materia de contribuciones federales o de un organismo descentralizado competente para determinar contribuciones.

VII. Reciba de cualquiera de los contribuyentes o de sus partes relacionadas, a los que les proporcione servicios de auditoría externa, bienes que se consideren inversiones y terrenos en propiedad para su explotación por parte del contador público registrado, de la sociedad o de la asociación civil que conforme el despacho en el que dicho contador público preste sus servicios, o financiamientos u otros beneficios económicos. Excepto si los bienes o beneficios se reciben como contraprestación por la prestación de sus servicios;

VIII. Proporcione directamente o a través de un socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público preste sus servicios, adicionalmente al de dictaminar estados financieros, los servicios de:

a) Preparación de manera permanente de la contabilidad del contribuyente;

b) Implementación, operación y supervisión de los sistemas del contribuyente que generen información significativa para la elaboración de los estados financieros a dictaminar;

c) Auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables, y

d) Preparación de avalúos o estimaciones de valor que tengan efectos en registros contables y sean relevantes, en relación a los activos, pasivos o ventas totales del contribuyente a dictaminar;

IX. Asesore fiscalmente al contribuyente que dictamine en forma directa o a través de un socio o empleado de la sociedad o asociación civil que conforme el despacho en el que el contador público preste sus servicios, y

X. Se encuentre vinculado con el contribuyente de forma tal que le impida independencia e imparcialidad de criterio

En el caso de los señalados en las fracciones VIII y IX de este artículo, es posible observar que el impedimento para dictaminar surge incluso cuando el propio contador público registrado no sea el que preste de manera directa los servicios señalados en ellas, sino que basta con que tales servicios sean prestados por algún socio o empleado del despacho donde el contador público registrado preste sus servicios, para que se encuentre impedido para dictaminar.

Tales supuestos, como son los de registro contable, asesoría fiscal, de valuación, supervisión, etc., aunque en teoría pueden efectivamente tener injerencia en la imparcialidad e independencia del trabajo de auditoría, pues no necesariamente tiene que ser así ya que tales servicios pueden y deben ser realizados respetando la normatividad contable y legal aplicable en su caso, por lo que no tendría porque contraponerse o afectar los resultados de una auditoria y si en cambio tales servicios pueden coadyuvar a una mayor certidumbre en relación al debido cumplimiento de las obligaciones fiscales de un contribuyente, ya que entre mas conozca el auditor de las operaciones del contribuyente, entre más esté involucrada en ellas, pues es evidente que tendrá más elementos para determinar la situación fiscal del contribuyente con mayor certeza.

 Tal y como está la disposición en comento tal pareciera que la autoridad desconfía de todos los contadores públicos registrados y considera que por el hecho de prestar otros servicios, de involucrarse mas en las operaciones de la empresa, el dictaminador inevitablemente va a coludirse con el contribuyente para falsear la información a presentar en el dictamen fiscal.

Tal disposición ha ocasionado el que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) haya celebrado reuniones con funcionarios hacendarios a fin de tratar de modificar dicha disposición, logrando el que con fecha 28 de Diciembre y a través de la 3ª Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal 2009, se haya publicado la regla I.2.18.14., en la cual se hacen las siguientes precisiones:

a) En cuanto a diseño e implantación de sistemas, se permite la participación del contador público registrado o del despacho en el que funja como socio o en el que preste sus servicios, siempre y cuando el contribuyente conserve la responsabilidad del proyecto, asignando la dirección del mismo a un funcionario con la competencia y nivel adecuado para tomar decisiones de planeación, coordinación y supervisión.

b) En cuanto a la auditoría interna relativa a estados financieros y controles contables, se permite la participación del contador público registrado o del despacho en el que funja como socio o en el que preste sus servicios, siempre y cuando el contribuyente conserve la responsabilidad de dicha función. Se entiende que el contribuyente conserva la responsabilidad cuando uno de sus funcionarios con la competencia y nivel adecuados planea, supervisa y coordina las funciones y emite los informes correspondientes.

c) En cuanto a la asesoría fiscal, se considera que el contador público registrado no se ubica en la causal de impedimento, si la prestación de los servicios no incluye la participación o responsabilidad del contador público registrado, o del despacho en el que funja como socio o en el que preste sus servicios, en la toma de decisiones administrativas y/o financieras del contribuyente.

d) En el caso de recibir de cualquiera de los contribuyentes o de sus partes relacionadas, a los que les proporcione servicios de auditoría externa, bienes que se consideren inversiones y terrenos en propiedad para su explotación por parte del contador público registrado, de la sociedad o de la asociación civil que conforme el despacho en el que dicho contador público preste sus servicios, o financiamientos u otros beneficios económicos, se considera que el contador público registrado se ubica en la causal de impedimento, cuando reciba de un contribuyente o sus partes relacionadas, a los que les formule dictámenes para efectos fiscales, inversiones de capital en su despacho, financiamientos u otros intereses económicos.

Como es posible observar, a través de dicha regla de miscelánea fiscal se pretende permitir el que el contador público registrado, o el despacho a través del cual presta sus servicios, pueda prestar servicios adicionales al del dictamen fiscal,  como son los de diseño e implantación de sistemas, auditoria interna y asesoría fiscal, siempre y cuando el contribuyente sea el que mantenga la responsabilidad de la función o de la toma de decisiones administrativas y financieras, por lo que será muy importante, para evitar posibles contingencias con las autoridades fiscales, el que en el contrato de servicios respectivo se precise perfectamente tal circunstancia.

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  1. 10 febrero 2010 en 9:47 AM

    También valdrá la pena levantar minutas de las reuniones en las que de la participación del dictaminador, en su faceta de asesor, haga sus observaciones a fin de curarse en salud para el caso en que sus observaciones sean o no atendidas, quede plasmado su accionar INDEPENDIENTE de la revisión que, en su calidad de auditor, realice posteriormente.

    Saludos!

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