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LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN APLICABLE A OPERACIONES DE 2009 COBRADAS EN 2010 PARA EFECTOS DE IVA

 

Como parte de la reforma fiscal para el año 2010, se ha incrementado la tasa de IVA en un punto porcentual, pasando de esta forma la tasa general a ser del 16% y la aplicable en la región fronteriza a ser del 11%, en vez del 15% y 10% respectivamente.

Dicha reforma, atendiendo a su fecha de inicio de vigencia, la cual es la del 1º de Enero del 2010, así como a la garantía de irretroactividad de las disposiciones fiscales consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política Federal, implicaría el que tales tasas le serían aplicables a actos o actividades realizadas a partir de dicha fecha y no a las realizadas con anterioridad.

Por lo que todas las operaciones llevadas a cabo hasta el 31 de Diciembre de 2009 tendrían que ser gravadas a la tasa general del 15%, o del 10%, si es que fueron realizadas en la región fronteriza, atendiendo también a la disposición contemplada en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en relación a que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes en el momento en que ocurran.

Por tal motivo, actos o actividades gravadas por el IVA y realizadas o llevadas a cabo hasta el 31 de Diciembre de 2009, deben quedar sujetas a la tasa de impuesto vigente hasta esa fecha, es decir, a la tasa general del 15%, o del 10% si es que fueron realizadas en la región fronteriza, y ya el incremento en tasa del IVA sólo sería aplicable a actos o actividades realizadas a partir del 1º de Enero de 2010.

Sin embargo, en las disposiciones transitorias de la reforma a la Ley del IVA, y concretamente en la fracción III del Artículo Octavo del Decreto por el que se reforma y adiciona dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de Diciembre de 2009, se establece el que en el caso de operaciones celebradas en el 2009 y cobradas en el 2010, la tasa aplicable sería la vigente en el momento del cobro, es decir, ya la nueva tasa de IVA, no obstante que dicha operación se haya realizado o llevado a cabo en el 2009 cuando la tasa vigente era otra.

En efecto, en dicho numeral se precisa lo siguiente:

“Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto al valor agregado de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo siguiente:

a.         Tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto hayan estado afectas a una tasa del impuesto al valor agregado menor a la que deban aplicar con posterioridad a la fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto al valor agregado aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

 Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo dispuesto en el inciso anterior se podrá aplicar a las contraprestaciones que correspondan al periodo en el que la actividad mencionada estuvo afecta al pago del impuesto al valor agregado conforme a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan entregado antes de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha”.

Como es posible observar, de tal disposición se desprende el que para el caso de operaciones realizadas en el 2009 y cobradas en el 2010, exista un tratamiento diferencial en función a la fecha de entrega del bien o prestación del servicio, así como a la fecha del cobro. Lo anterior ya que tal dispositivo señala que si los bienes fueron entregados o el servicio fue prestado antes del 1º de Enero de 2010 y el cobro fue realizado a mas tardar el 10 de Enero de 2010, entonces la tasa aplicable sería la vigente en el 2009, pero si los bienes o servicios fueron entregados o proporcionados con posterioridad al 31 de Diciembre de 2009 y/o el cobro de los mismos fue efectuado después del 10 de Enero de 2010, entonces la tasa aplicable a la operación sería la vigente en el 2010.

Lo anterior implica que aunque los bienes o servicios fueran entregados o proporcionados antes del 1º de Enero de 2010, pero si el cobro de los mismos se efectúa después del 10 de Enero de 2010, entonces la tasa aplicable sería ya la del 16% o del 11%, según la zona geográfica que corresponda, lo cual al margen de la problemática administrativa que esto ocasionará por el hecho de que los comprobantes serán expedidos por un monto distinto al que finalmente se cobrará, pues sin duda que es una situación que transgrede principios y garantías constitucionales que toda contribución debe reunir para su validez.

Lo anterior es así ya que con tal disposición se violenta el principio de equidad tributaria, por lo que 2 contribuyentes ante una misma situación recibirán un trato distinto, el cual estará determinado por la fecha de cobro y no por la operación en si misma, lo cual lo hace inequitativo, ya que para que no se violara tal principio, para que existiera justificación en el trato desigual, sería necesario que hubiese una diferencia en el acto o actividad realizada, o bien, en el tipo jurídico de persona que lo realiza, o incluso en el régimen fiscal donde tributa, pero en nuestro caso, la diferencia sólo se da en la fecha en que se cobra la operación.

Por lo tanto, nos encontramos en que 2 contribuyentes, sean ambos personas físicas o personas morales, tributando en el mismo régimen fiscal y realizando el mismo acto o actividad gravada para IVA, aplicarán distinta tasa de impuesto sólo por el hecho de que uno cobró la operación a más tardar el 10 de Enero de 2010 y el otro después de esa fecha, lo cual deriva en inequidad tributaria ya que el objeto de la Ley del IVA lo constituye la realización de actos o actividades, por lo que la posible distinción en el tratamiento fiscal entre los diversos contribuyentes del impuesto, debe estar en función a este objeto y no a la fecha en que se cobren los mismos, ya que tal fecha sólo representa el momento en que se debe enterar el impuesto, más no es lo que determina la causación del impuesto.

De igual manera, se viola la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales contenida en el artículo 14 de la Constitución Política Federal, mismo que dispone que no se dará efecto retroactivo a ninguna ley en perjuicio de persona alguna, ya que se pretende aplicar una disposición vigente a partir del 1º de Enero de 2010 a una operación realizada con anterioridad a dicha fecha, con lo cual se violan derechos adquiridos de los contribuyentes.

Aunque de alguna forma se entiende la intención al establecer una disposición en tal sentido, ya que con ello indudablemente se pretende evitar el que los contribuyentes puedan realizar maniobras o estrategias tendientes a eludir el incremento en la tasa de impuesto, pues no por querer evitar posibles acciones de los contribuyentes se puede justificar el revestir de inconstitucionalidad una disposición fiscal, por lo que es necesario que se eliminen de nuestras disposiciones fiscales tales situaciones que lo único que ocasionan es molestia entre los contribuyentes y una mayor renuencia a cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales, al estar revestidas tales disposiciones de una gran dosis de arbitrariedad y abuso de poder.

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  1. 10 febrero 2010 en 9:32 AM

    Efectivamente, es una batea de babas, pero la verdad es que pelearse por este puntito porcentual, resulta carísimo, en relación con el beneficio a obtenerse (al menos en los casos que se me han presentado personalmente).

    El problema es más bien administrativo.

    Es claro que habrá que evaluar esta impacto, a fin de considerar el medio de defensa que, en su caso, corresponda.

    Saludos Víctor.

  2. MANUEL
    10 febrero 2010 en 11:03 AM

    ME PARECE MUY IMPOTANTE SU ACLARACION AL RESPECTO ERA ALGO SOBRE LO CUAL TAMBIEN TENIA DUDA ACERCA DE SU LEGALIDAD Y LA VIOLACION A NUESTROS DERECHOS. Y ES CIERTO CON TANTOS CAMBIOS LO UNICO QUE VAN A LOGRAR ES LA RENUENCIA DE PARTE D ELOS CONTRIBUYENTES A CUMPLIR CORRECTA Y OPORTUNAMENTE CON SUS OBLIGACIONES.

    OTRO PUNTO SOBRE EL CUAL TENGO MUCHAS DUDAS Y QUISIERASE ANALIZARA A FONDO ES ACERCA DEL MENTADO IETU QUE SI ES VERDAD VINO A AUMENTAR LOS INGRESOS POR RECAUDACION, TAMBIEN ES VERDAD QUE VINO A EMPOBRECER Y HASTA OBLIGAR A CERRAR A UN MUNDO DE CONTRIBUYENTES QUE NO CUENTAN CON AL INFRAESTRUCTURA NI LOS INGRESOS PARA PAGAR TANTAS CONTRIBUCIONES. EN MI OPINION ES UN IMPUESTO QUE SE IMPUSO Y NO SE ANALIZO A FONDO LOS EFECTOS QUE TIENE Y TENDRA A LRGO PLAZO. Y SI ES CIERTO QUE LAS EMPRESAS QUE SE FUERON A JUICIO Y QUE SE AMPARARON ANTE ESTE IMPUESTO DEFINITAVENTE LA LLEVAN DE PERDER PUESTO QUE PELEAN CONTRA LA LEY Y PUES QUIEN HAY ENCIMA DE LA LEY SOLAMENTE LA MISMA LEY.

    OTRA PARTE QUE VINO A AUNMENTAR LA CARGA ADMINISTRATIVA FUE LA OBLIGACION DE PRESENTAR LAS FAMOSAS DECLARACIONES INFORMATIVAS DE DE IETU Y OPRACIONES CON TERCEROS. SERAN OBLIGATORIAS CONFORME A LEY? Y LAS SANCIONES QUE SE IMPONEN POR NO CUMPLIRLAS? EN QUE SE BASAN PARA IMPONERLAS? QUIEN LA EMITE?

    BUENO EN FIN Y MUCHAS OTRAS DUDAS QUE COMO CONTIBUYENTES NOS HACEMOS?

    ES CIERTO QUE HAY POCOS Y POCAS MANERAS DE RECAUDAR IMPUESTOS PERO MUCHAS Y MUCHOS PARA DESAPARECER DICHA RECAUDACION.

  3. Adolfo Ruiz
    11 febrero 2010 en 11:18 PM

    Con eso de que los ministros desecharon los amparos del IETU en un dos por tres, qué no harán con la defensa de este 1%, no es que critique la información de esta entrada y diga que no sirve, sino que siento que estamos perdiendo cada vez más nuestro derecho a defendernos legalmente y los juzgadores están del lado de los que les dan la papa, claro, al ver que sus sueldos y prestaciones se puedan ver afectadas por la falta de recursos, tienen que fallar a favor del estado, porque si no de dónde va a salir para su pago. Felicidades por el blog, muy bueno.

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