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LA ILEGALIDAD DE LA SOLICITUD AL CONTRIBUYENTE DE ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS POR PARTE DEL SAT EN REVISIONES DE GABINETE

En revisiones de gabinete o de escritorio es común que los auditores del SAT soliciten estados de cuenta bancarios y cualquier otro documento por el cual puedan allegarse de la información necesaria para determinar los movimientos bancarios del contribuyente sujeto a la revisión, bajo el argumento de que la autoridad fiscal tiene la facultad de solicitar cualquier tipo de datos, informes o documentos que considere necesarios para determinar la situación fiscal del contribuyente.

Sin embargo, esto no es así ya que aunque efectivamente la autoridad tiene la facultad de allegarse de la información suficiente y necesaria para determinar la situación fiscal de un contribuyente, ésta información no necesaria ni forzosamente tiene la obligación de proporcionarla el contribuyente, por lo que la autoridad puede y debe obtenerla de terceras personas.

Tal es el caso de la información y documentación relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, la cual al no ser parte de la contabilidad para fines fiscales, según lo establecido en el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, pues entonces la autoridad, en caso de considerar necesaria y relevante tal información o documentación, debe obtenerla de terceras personas, siendo las idóneas las instituciones integrantes del sistema financiero en nuestro país.

De conformidad al artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad, para fines fiscales, se integra por los libros, registros, cuentas, sistemas contables, equipos y sistemas electrónicos de registro fiscal y los comprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.

Por lo que los estados de cuenta bancarios al no ser parte integrante de la contabilidad, según el precepto antes citado, no se encuentra dentro de la información o documentación que el contribuyente tiene obligación de proporcionar a las autoridades fiscales al ejercer éstas sus facultades de comprobación.

 

Lo anterior ha quedado claramente de manifiesto en la tesis de jurisprudencia 85/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que se reproduce a continuación:

 

Revisión de escritorio o gabinete. El artículo 48 del Código Fiscal de la Federación del 5 de enero de 2004, no faculta a las autoridades fiscales para requerir documentación o información relativa a las cuentas bancarias del contribuyente

El citado precepto establece los requisitos a cumplir cuando la autoridad fiscal practica una revisión de escritorio o gabinete, supuesto en el cual puede requerir al contribuyente, responsable solidario o tercero relacionado, la contabilidad, datos, informes o documentos necesarios para el ejercicio de sus facultades de comprobación, sin que pueda entenderse incluido en ese supuesto el requerimiento de documentación o información relativa a las cuentas bancarias del contribuyente, ya que tal disposición no prevé una facultad general a favor de la autoridad fiscal para solicitar toda la documentación que estime necesaria para el ejercicio de sus facultades de comprobación, toda vez que la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente no constituye en estricto sentido información contable, pues no contiene información sobre las obligaciones fiscales, sino referente a las operaciones o servicios contratados por el particular con alguna institución de crédito, como los enumerados en el artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, acorde con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, la contabilidad comprende los libros, registros contables, así como los comprobantes de cumplimiento de las disposiciones fiscales, de manera que dentro de ese tipo de documentación no puede entenderse incluida la relativa a las cuentas bancarias del contribuyente. Lo razonado no significa que la autoridad fiscal estuviera imposibilitada para obtener información de esa naturaleza, ya que el propio artículo 48 señala que éstas al practicar una revisión de gabinete podrán requerir información o documentos no sólo al contribuyente, sino también a terceros y, por su parte, el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que las autoridades hacendarias federales podrán solicitar información a las instituciones de crédito por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para fines fiscales, de donde es claro que dichas autoridades podían obtener por ese medio, información referente a los estados de cuenta bancarios de contribuyentes sujetos a una revisión de gabinete.

Jurisprudencia 85/2008

Contradicción de tesis 23/2008-SS.- Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito.- 23 de abril de 2008.- Mayoría de tres votos.- Ausente: Genaro David Góngora Pimentel.- Disidente: José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretaria: Guadalupe de la Paz Varela Domínguez.

El rubro y texto de la anterior jurisprudencia fueron aprobados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del treinta de abril de dos mil ocho.

 

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COMO VESTIR EN CASO DE CITA CON EL SAT

Para el caso de que les llegue algún citatorio del SAT y duden en como vestirse para tal cita, aquí les dejo ésta anécdota:

Un hombre fué citado para una investigación relacionada con sus impuestos. Asustado, le preguntó a un contador de qué manera vestirse.

– “Usa harapos. Que piensen que eres un pobre mendigo”,  replicó el contador.

Cuando le preguntó a su abogado, éste le dio exactamente el consejo contrario.

– “No dejes que te intimiden; usa tu mejor traje y la corbata más elegante”.

Confundido, el hombre decide preguntarle a su mujer. Le cuenta de los dos consejos recibidos y le pide su opinión.

– “Dejame contarte una historia. Cuando estaba a punto de casarme contigo, le pregunté a mi madre qué ponerme la noche de bodas. Me dijo: ‘Ponte una bata pesada, de franela, que te llegue al cuello.’ Pero cuando le preguenté a mi mejor amiga, me dió otro consejo totalmente opuesto: ‘Ponte el negligé más pequeño que tengas, transparente y con un escote que te llegue hasta el ombligo’ “. 

El hombre protesta:  

– “Pero mi amor, ¿que tiene que ver eso con mis impuestos y con mi cita?”
 
– “Pues que no importa cómo te vistas, igual te van a coger”

 

OBLIGACIÓN DE INFORMAR OPERACIONES PAGADAS EN EFECTIVO

Cuando las operaciones se efectúan manejando como medio de pago el efectivo es difícil sino que imposible el que las autoridades fiscales puedan determinar el origen y licitud de tales recursos, por lo que ya en las disposiciones fiscales relativas al Impuesto Sobre la Renta se han establecido obligaciones para los contribuyentes de informar a la autoridad fiscal cuando reciban pagos en efectivo.

 

Esta obligación solo opera para determinados tipos de contribuyentes y cuando el monto de la operación excede de cierta cantidad, es decir, no se tiene la obligación en cada caso en que se reciban pagos en efectivo.

 

Esta obligación de informar a las autoridades fiscales cuando se reciba efectivo es para las siguientes personas:

 

1.- Personas morales, cuando reciban en efectivo préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital, sea en moneda nacional o extranjera, por montos mayores a $ 600,000.00.

 

Cuando esto ocurre, dichas personas tienen la obligación de informar al SAT dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se recibieron las cantidades correspondientes, estableciéndose en el artículo 20 fracción XII de la Ley del ISR, que en caso de que no informen estando obligado a ello, entonces tales cantidades se considerarán un ingreso acumulable para fines de ISR para las personas que los recibieron.

 

2.- Personas morales, cuando reciban pagos en efectivo, sea en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto exceda a $ 100,000.00.

 

En este caso, se tiene la obligación de presentar la información al SAT, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realice la operación por cuya contraprestación se recibió el pago en efectivo.

 

En caso de que no se informe a la autoridad fiscal de estos pagos en efectivo, el artículo 82 fracción XXXI del Código Fiscal de la Federación establece una multa que fluctúa entre $ 98,157.00 y $ 139,754.00.

 

3.- Instituciones de asistencia o de beneficencia, sociedades o asociaciones civiles que se dediquen a la enseñanza con reconocimiento de validez oficial de estudios por la SEP, sociedades o asociaciones civiles dedicadas a la investigación científica o tecnológica que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas, sociedades o asociaciones civiles autorizadas para recibir donativos deducibles y dedicadas a la promoción y difusión de la música, artes en general, establecimiento de bibliotecas, apoyo a CONACULTA y conservación del patrimonio de la nación.

 

Estas personas tienen obligación de informar al SAT cuando reciban donativos en efectivo, sea en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto exceda a $ 100,000.00.

 

En este caso, se tiene la obligación de presentar la información al SAT, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realice el donativo en efectivo.

 

En caso de que no se informe a la autoridad fiscal de estos donativos en efectivo, el artículo 82 fracción XXXI del Código Fiscal de la Federación establece una multa que fluctúa entre $ 98,157.00 y $ 139,754.00.

 

4.- Personas físicas con actividad empresarial y profesional que tributen en el denominado régimen general, cuando reciban pagos en efectivo, sea en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto exceda a $ 100,000.00.

 

En este caso, se tiene la obligación de presentar la información al SAT, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realice la operación por cuya contraprestación se recibió el pago en efectivo.

 

En caso de que no se informe a la autoridad fiscal de estos pagos en efectivo, el artículo 82 fracción XXXI del Código Fiscal de la Federación establece una multa que fluctúa entre $ 98,157.00 y $ 139,754.00.

 

5.- Personas físicas con ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles,  cuando reciban pagos en efectivo, sea en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto exceda a $ 100,000.00.

 

En este caso, se tiene la obligación de presentar la información al SAT, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realice la operación por cuya contraprestación se recibió el pago en efectivo.

 

En caso de que no se informe a la autoridad fiscal de estos pagos en efectivo, el artículo 82 fracción XXXI del Código Fiscal de la Federación establece una multa que fluctúa entre $ 98,157.00 y $ 139,754.00.

 

6.- Personas físicas con ingresos por enajenación de bienes, cuando reciban pagos en efectivo, sea en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto exceda a $ 100,000.00.

 

En este caso, se tiene la obligación de presentar la información al SAT, a más tardar el día 17 del mes siguiente a aquel en que se realice la operación por cuya contraprestación se recibió el pago en efectivo.

 

En caso de que no se informe a la autoridad fiscal de estos pagos en efectivo, el artículo 82 fracción XXXI del Código Fiscal de la Federación establece una multa que fluctúa entre $ 98,157.00 y $ 139,754.00.

 

 

LAS PROSTITUTAS PAGARÁN EL IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO?

En relación a esto del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) que comentamos en el post anterior, sobre el hecho de que hubiese sido mejor el establecer una obligación para las instituciones del sistema financiero de informar sobre los depósitos en efectivo, en vez de establecer un impuesto a los mismos, y con el que se perjudica a muchas personas de manera indebida, pues en esta semana se ha conocido de un caso en Italia en el que derivado del análisis de operaciones bancarias en efectivo realizadas por una persona, la policía fiscal de ese país le ha fincado omisión de ingresos con su respectivo ISR nada menos que a una prostituta de origen latinoamericano.

 

La mujer que ha sido identificada como Z.C, residente de la ciudad de Parma, en el norte de Italia, y cuya cuenta bancaria levantó las sospechas de la policía fiscal por los movimientos registrados entre 2005 y 2008.

 

La Guardia de Finanzas (policía fiscal) investigó el origen de las más de 254 operaciones bancarias que la mujer había realizado durante ese periodo y durante un interrogatorio ella admitió que había conseguido el dinero por medio de la prostitución.

 

La mujer, que regularizó su situación en Italia en 2004, había ingresado en total en esos 4 años la cantidad de 375,000 euros, repartidos de la siguiente manera: en 2008 un total de 19.000 euros, en 2007, 91.000 euros, en 2006, 161.000 euros y en 2005 obtuvo 85.000 euros.

 

De esta forma, la policía fiscal aplicó a la mujer una norma de 2006 que establece que la prostitución es “un acto ilícito cuyas ganancias están tasadas como rentas diferentes derivadas de ingresos ilícitos” y le fincó un crédito fiscal por el impuesto no cubierto en su oportunidad.

 

Cuantas prostitutas en México no pagarán ahora impuestos a través del IDE cuando depositen el efectivo cobrado la noche anterior por sus servicios?

 

IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO, VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA

La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) obliga a pagar el impuesto no únicamente a personas que realizan actividades productivas sin estar inscritas en el RFC, o bien que estándolo, omiten ingresos para fines de ISR, tal y como se supone es su principal finalidad, de conformidad a la iniciativa respectiva donde se asentó el que “…la finalidad primordial de esta nueva contribución es la de crear un mecanismo que impulse el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta y desaliente las medidas evasivas a su pago…”.

 

En efecto, al establecerse como una obligación para las instituciones integrantes del sistema financiero en nuestro país, la de retener el impuesto a los depósitos en efectivo cuando el monto de los mismos exceda a la cantidad de $ 25,000.00 en un mes de calendario, no se estableció ningún tipo de distinción en relación al origen y/o destino de los recursos, por lo que el impuesto igual lo pagará una persona con actividades productivas e inscrita en el RFC y al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de pago, que una persona que si está evadiendo el ISR respectivo mediante la omisión del ingreso correspondiente, así como una persona que percibe un dinero en efectivo por el cual no se encuentra obligada a pagar ISR por tratarse de un concepto exento del mismo, o peor aún, por tratarse de un ingreso no objeto de la Ley del ISR.

 

Tal es el caso de personas que perciban un préstamo en efectivo, lo cual no es objeto del ISR, o bien perciban ingresos exentos de ISR como donativos, caso de dinero otorgado al cónyuge, hijos o padres, los cuales tendrían que pagar un impuesto sobre algo que no causa ISR. Lo mismo ocurrirá en los casos de otros conceptos exentos de ISR tales como herencias o legados de dinero en efectivo, venta de casa habitación pagada en efectivo, premios recibidos en efectivo, etc.

 

Por tal motivo, la Ley del IDE viola el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal ya que no atiende a la capacidad contributiva del sujeto, además de que establece un perjuicio económico para el sujeto sin que éste se encuentre sustentado jurídicamente, ya que se trata de ingresos por los que no se paga el ISR.

 

En relación a esto, los tribunales han abundado sobre el alcance del concepto capacidad contributiva para efectos del cumplimiento del principio de proporcionalidad, y de ésta forma encontramos lo siguiente:

“IMPUESTOS. CONCEPTO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el objeto del tributo establecido por el Estado, guarde relación con la capacidad contributiva del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad de contribuir a los gastos públicos, potencialidad ésta que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos tienen una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el objeto del impuesto y la unidad de medida (capacidad contributiva) a la que se aplica la tasa de la obligación.

 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el doce de marzo en curso, aprobó, con el número XXXI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a doce de marzo de mil novecientos noventa y seis.”

 

Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: X, Noviembre de 1999
Tesis: P./J. 109/99
Página: 22

CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.

Amparo en revisión 1113/95. Servitam de México, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz Cueto Martínez.

Amparo en revisión 2945/97. Inmobiliaria Hotelera El Presidente Chapultepec, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan N. Silva Meza. Secretario: Tereso Ramos Hernández.

Amparo en revisión 2269/98. Arrendamientos Comerciales de la Frontera, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 69/98. Hotelera Inmobiliaria de Monclova, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Andrés Pérez Lozano.

Amparo en revisión 2482/96. Inmobiliaria Bulevares, S.C. y coags. 9 de febrero de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 109/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Lo que encontramos en estas resoluciones es que el concepto de capacidad contributiva está en función a la potencialidad de contribuir al gasto público, por lo que debe atenerse a la auténtica capacidad económica del sujeto pasivo. Bajo este criterio, tal principio se viola igualmente aún en el caso de depósitos efectuados en cuentas de personas con actividades productivas y al corriente en el pago de sus impuestos.

 

Lo anterior es así porque existen varios giros o actividades en los que el margen de ganancia es mínima (del 1% al 2%), por lo que en estos casos el IDE representará una mayor carga fiscal de la que le correspondería por concepto de ISR. Es decir, aunque el IDE retenido por las instituciones del sistema financiero es susceptible de ser acreditado contra el ISR a cargo de la persona, en estos casos, el ISR sería menor que el IDE retenido y por consiguiente éste nuevo impuesto estaría incrementando de manera injusta y sin justificación alguna la carga tributaria de la persona que al recibir pagos en efectivo no está realizando ninguna actividad de evasión fiscal, sino simple y sencillamente recibiendo el pago de una operación a través del medio de pago por excelencia, como lo es el dinero en efectivo.

 

Tal situación de inconstitucionalidad no se corrige ni siquiera considerando el hecho de que la Ley del IDE establece la posibilidad de solicitar la devolución del impuesto que no pueda ser acreditado contra ISR, ya que para proceder a la devolución se establece como requisito el que la persona deba dictaminar tal trámite a través de un Contador Público Registrado (C.P.R.) ante la SHCP, lo cual evidentemente tiene un costo para la persona, mismo que no tendría porque erogar y que haría el que al final no recuperara la totalidad de lo retenido por la institución del sistema financiero ya que tendría que liquidar los honorarios del profesional que dictamine el trámite de devolución de impuesto.

 

De lo dispuesto por la Ley del IDE es evidente que en muchas ocasiones no se cumplirá con el objetivo principal de tal ley, consistente en ser un mecanismo de control por el cual se permita detectar y gravar con impuestos dineros no declarados al fisco, ya que si de esto se trata principalmente, porque en vez de establecer un impuesto a los depósitos en efectivo en el cual muchas personas se ven perjudicadas económicamente de manera indebida e injusta, porqué no se estableció una obligación para las instituciones del sistema financiero de simplemente informar a la autoridad fiscal de todos aquellos depósitos en efectivo que excedieran a $ 25,000.00?

 

De esta forma la autoridad tendría elementos e información suficiente para analizar el movimiento de los montos de tales depósitos y de esta forma solicitarle a las personas, cuyo movimiento de operaciones en efectivo fuera notorio o continuo, el que explicara o aclarara el origen de tales depósitos, tal y como ocurre en el caso de la discrepancia fiscal regulada por el artículo 107 de la Ley del ISR.