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NO DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO, UNA DE LAS ILEGALIDADES DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 41 DEL CFF

Sin duda, la reforma fiscal para el año 2010 contiene una gran cantidad de disposiciones para la controversia o discusión, y una de tantas lo constituye la reforma efectuada al artículo 41 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el cual contempla la facultad de la autoridad para exigir la presentación de las declaraciones omitidas por el contribuyente y el procedimiento a seguir en este caso.

Al respecto es conveniente mencionar que el procedimiento para cuando el contribuyente ha omitido presentar declaraciones, avisos y demás documentos a que se encuentra obligado, ha quedado establecido en los siguientes términos a partir del año 2010, según el citado artículo 41 del CFF:

“Cuando las personas obligadas a presentar declaraciones, avisos y demás documentos no lo hagan dentro de los plazos señalados en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación del documento respectivo ante las oficinas correspondientes, procediendo de la siguiente forma:

I.  Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código y requerir hasta en tres ocasiones la presentación del documento omitido otorgando al contribuyente un plazo de quince días para el cumplimiento de cada requerimiento. Si no se atienden los requerimientos se impondrán las multas correspondientes, que tratándose de declaraciones, será una multa por cada obligación omitida. La autoridad después del tercer requerimiento respecto de la misma obligación, podrá aplicar lo dispuesto en la siguiente fracción.

II.Tratándose de la omisión en la presentación de una declaración periódica para el pago de contribuciones, una vez realizadas las acciones previstas en la fracción anterior, podrán hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las seis últimas declaraciones de la contribución de que se trate. Esta cantidad a pagar no libera a los obligados de presentar la declaración omitida.

Cuando la omisión sea de una declaración de las que se conozca de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva, la autoridad fiscal podrá hacer efectiva al contribuyente, una cantidad igual a la contribución que a éste corresponda determinar, sin que el pago lo libere de presentar la declaración omitida.

Si la declaración se presenta después de haberse notificado al contribuyente la cantidad determinada por la autoridad conforme a esta fracción, dicha cantidad se disminuirá del importe que se tenga que pagar con la declaración que se presente, debiendo cubrirse, en su caso, la diferencia que resulte entre la cantidad determinada por la autoridad y el importe a pagar en la declaración. En caso de que en la declaración resulte una cantidad menor a la determinada por la autoridad fiscal, la diferencia pagada por el contribuyente únicamente podrá ser compensada en declaraciones subsecuentes.

La determinación del crédito fiscal que realice la autoridad con motivo del incumplimiento en la presentación de declaraciones en los términos del presente artículo, podrá hacerse efectiva a través del procedimiento administrativo de ejecución a partir del tercer día siguiente a aquél en el que sea notificado el adeudo respectivo, en este caso el recurso de revocación sólo procederá contra el propio procedimiento administrativo de ejecución y en el mismo podrán hacerse valer agravios contra la resolución determinante del crédito fiscal.

En caso del incumplimiento a tres o más requerimientos respecto de la misma obligación, se pondrán los hechos en conocimiento de la autoridad competente, para que se proceda por desobediencia a mandato legítimo de autoridad competente.

Por lo que de acuerdo a lo anterior, el procedimiento a seguir por la autoridad una vez efectuado un máximo de 3 requerimientos, en el caso de omisión en la presentación de una declaración periódica de contribuciones, es el de hacer efectiva al contribuyente o al responsable solidario que haya incurrido en la omisión, una cantidad igual al monto mayor que hubiera determinado a su cargo en cualquiera de las 6 últimas declaraciones de la contribución de que se trate, no liberándolo por este hecho de la obligación de presentar la declaración omitida, por lo que es más que probable que exista una diferencia entre la cantidad enterada, según la determinación efectuada por la autoridad, y la que se determine en la declaración respectiva, en el caso de declaraciones por contribuciones cuyo monto es incierto, es decir, de aquellas en las que no se conoce de manera fehaciente la cantidad a la que le es aplicable la tasa o cuota respectiva.

Ante esta situación, se señala en el citado ordenamiento que si el monto enterado, según determinación de la autoridad, es menor a lo que correspondía, entonces se deberá cubrir la diferencia en la declaración respectiva. Mientras que si el monto enterado, según determinación de la autoridad, es mayor a lo que correspondía, entonces tal pago en exceso sólo podrá ser recuperado por el contribuyente a través de la compensación que realice contra futuros pagos.

Por lo que de acuerdo a lo anterior, tal monto pagado en exceso, el cual se convierte en pago de lo indebido, no puede ser recuperado por el contribuyente a través de la devolución respectiva, lo cual sin duda afecta un derecho que todo contribuyente tiene y que se contempla en el artículo 22 del CFF, mismo que precisa que las autoridades fiscales deben devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes fiscales.

Por lo que la reforma al artículo 41 del CFF se convierte en ilegal e inconstitucional al no permitir que cantidades pagadas de manera indebida por el contribuyente puedan ser recuperadas vía el medio idóneo por excelencia para ello, como lo es la devolución de tales cantidades y restringir tal posibilidad a sólo la compensación contra pagos futuros.

Es criterio del Poder Judicial Federal el que para respetar los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, emanados del artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, es necesario que el legislador establezca los mecanismos para que el fisco efectúe la devolución de las cantidades enteradas de manera indebida, ya que la proporcionalidad tributaria no sólo se manifiesta de manera positiva obligando al particular a contribuir en la medida de su capacidad, sino también de manera negativa, es decir, prohibiendo a la autoridad hacendaria recaudar cantidades superiores a las debidas y obligándola a reintegrar al particular las sumas obtenidas injustificadamente, y la equidad actúa, no solamente exigiendo que los particulares que se encuentran en una misma posición frente al hecho imponible entreguen cantidad igual de dinero, sino obligando al Estado a reparar la desigualdad que nace cuando una persona entrega una cantidad superior a la debida, reintegrándole el quebranto patrimonial sufrido injustificadamente.   

Lo anterior es lo que se manifiesta en la siguiente resolución:

Registro No. 189285

Localización:
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XIV, Julio de 2001
Página: 9
Tesis: P. XI/2001
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional, Administrativa

PAGO INDEBIDO DE CONTRIBUCIONES. LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIA QUE RIGEN LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE SURGEN POR TAL MOTIVO, EXIGEN QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA LOS MECANISMOS PARA QUE EL FISCO EFECTÚE LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA. Si se toma en consideración que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que la eficacia tutelar de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no debe entenderse constreñida únicamente a la obligación sustantiva de pago de las contribuciones, pues rige, en lo conducente, para todas aquellas relaciones de índole adjetiva o sustantiva que nazcan como consecuencia o con motivo de la potestad tributaria, en la medida en que ésta es el soporte fundamental de las relaciones jurídicas que pueden establecerse entre el fisco y los particulares, resulta inconcuso que entre las relaciones jurídicas regidas por el citado precepto constitucional se encuentra aquella que surge cuando el particular tiene derecho a obtener la devolución, por parte del fisco, de las sumas de dinero entregadas por aquél, en virtud de un acto de autodeterminación o de una resolución administrativa, cuando tales enteros hayan sido anulados por ilicitud en términos de una resolución firme recaída a un medio ordinario de defensa intentado por el contribuyente, o simplemente no hayan procedido. Sin embargo, en este tipo de relación generada por el pago indebido de sumas de dinero al fisco, tales principios adquieren un matiz distinto al que usualmente se les atribuye cuando se analiza la validez de las contribuciones, pues la proporcionalidad no sólo se manifiesta de manera positiva obligando al particular a contribuir en la medida de su capacidad, sino también de manera negativa, es decir, prohibiendo a la autoridad hacendaria recaudar cantidades superiores a las debidas y obligándola a reintegrar al particular las sumas obtenidas injustificadamente, y la equidad actúa, no solamente exigiendo que los particulares que se encuentran en una misma posición frente al hecho imponible entreguen cantidad igual de dinero, sino obligando al Estado a reparar la desigualdad que nace cuando una persona entrega una cantidad superior a la debida, reintegrándole el quebranto patrimonial sufrido injustificadamente. Esto es, tratándose de cantidades enteradas indebidamente al fisco, los aludidos principios exigen que el legislador establezca los mecanismos para devolver íntegramente al contribuyente las sumas indebidamente percibidas.

Amparo directo en revisión 614/96. ABB Inmobiliaria, S.A. de C.V. 4 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González.

Amparo en revisión 650/93. Halcón, Organización de Servicios Profesionales, S.A. de C.V. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Gabriel Clemente Rodríguez.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy tres de julio en curso, aprobó, con el número XI/2001, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a tres de julio de dos mil uno.

Aunque ciertamente es justificable la implantación de medidas que inhiban o desmotiven el incumplimiento reiterado de la presentación de declaraciones por parte de los contribuyentes, pues esto no puede justificar el que se violen principios constitucionales en perjuicio de los contribuyentes ya que es claro que en materia tributaria no tiene aplicación aquello de que “el fin justifica los medios”.

 

EL ALZA A LOS IMPUESTOS PARA EL 2010…REALMENTE DE APENAS EL 1-2%?

12 febrero 2010 2 comentarios

De acuerdo a los especialistas, algunos indicadores muestran que el país se encuentra en etapa de franca recuperación económica y en los reportes del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. podemos encontrar datos como los siguientes.

1.- Según un informe del INEGI, las ventas comerciales al menudeo han caído un 1.5%, con lo cual suman ya 16 los meses en que de manera consecutiva el índice es negativo, sin embargo, en esta ocasión la disminución es la menor, por lo que esto se considera alentador….O sea, algo así como “no se ganó, pero no se perdió tanto como en otros meses”.

2.- El Indicador Global de la Actividad Económica sólo cayó 1.5% en el año, cuando se esperaba que fuera notoriamente mayor.

3.- El Banco de México estima que en el 2010 se generarán de 350 a 450 mil empleos formales.

4.- El mismo ente estima que el país tendrá un crecimiento económico durante el 2010 del orden del 3.2% al 4.2%, cifra muy parecida a la que ha manejado el Fondo Monetario Internacional.

5.-  Al elaborarse el Índice de Confianza de la Inversión Extranjera Directa, las consultoras extranjeras han situado a México en la posición 8, cuando antes estaba en el lugar número 19.

Todos estos indicadores son sin duda esperanzadores, pero evidentemente que en absoluto dan seguridad de que tal tendencia continúe o de que ya “se esté del otro lado”, porque es necesario recordar que existen algunas situaciones que podrían hacer más lenta la recuperación económica. Entre ellas las siguientes:

1.- Por primera vez en 20 años, el presupuesto aprobado para el 2010 refleja un déficit en su balance primario, lo cual indica que para pagar la deuda habrá que pedir prestado ya que no se tiene contemplado suficientes ingresos para cubrir lo correspondiente incluyendo los intereses.

2.- El riesgo a mediano plazo que implica el costo del sistema de pensiones.

3.- La reducción en los ingresos petroleros, mismos que durante los últimos años habían sido la razón de que incluso se tuviera un superávit en las finanzas públicas.

4.- El incremento notorio que se ha dado a la carga tributaria para el 2010, misma que en algunos casos no ha sido debidamente aquilatada, y se ha tomado en el sentido de que solo es un incremento de un 1% , lo cual no es relevante. Sin embargo, tal situación no es así, ya que el incremento real en los impuestos en ningún caso es del 1%, esa es sólo la tasa porcentual de incremento, pero el incremento real mínimo que encontramos para el 2010 es del orden del 2.94%, en el caso del IETU, pero de ahí en adelante encontramos incrementos en los impuestos de hasta un 50%, caso el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) y el IEPS para juegos y sorteos.

A continuación se muestra el incremento real que han sufrido los impuestos para este año 2010:

 

IMPUESTO TASA 2009 TASA 2010 DIFERENCIA EN TASA INCREMENTO
IVA 15% 16% 1% 6.67%
IDE 2% 3% 1% 50%
ISR 28% 30% 2% 7.14%
IETU 17% 17.5% 0.5% 2.94%
IEPS Juegos y apuestas 20% 30% 10% 50%
IEPS Cerveza 25% 26.5% 1.5% 6%
IEPS bebidas alcohólicas 50% 53% 3% 6%

 

Como es posible observar, es falso que para 2010 sólo haya habido incrementos del 1% o del 0.5%, ya que en IVA no se va a pagar sólo un 1% mas, como luego se ha dicho, sino que se pagará un 6.67% mas de lo que se causaba en el 2009, mientras que en IETU no sólo es un 0.5% el incremento, sino que en realidad es casi un 3%.    

A esto hay que agregar los nuevos impuestos para el 2010, como el 3% a las telecomunicaciones, la cuota adicional de $ 0.04 en la enajenación e importación de cigarros y tabacos labrados, así como la reducción en exenciones en el IDE y a ciertos rubros en ISR, aunado a la confirmación de la constitucionalidad del IETU que en estos días se está dando, con lo cual se habrán perdido los amparos tramitados en su contra, y entonces tendremos un panorama en el que el incremento en la carga tributaria para los contribuyentes para el 2010 es mucho mayor a lo que podríamos pensar.

 

LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RÉGIMEN APLICABLE A OPERACIONES DE 2009 COBRADAS EN 2010 PARA EFECTOS DE IVA

10 febrero 2010 3 comentarios

 

Como parte de la reforma fiscal para el año 2010, se ha incrementado la tasa de IVA en un punto porcentual, pasando de esta forma la tasa general a ser del 16% y la aplicable en la región fronteriza a ser del 11%, en vez del 15% y 10% respectivamente.

Dicha reforma, atendiendo a su fecha de inicio de vigencia, la cual es la del 1º de Enero del 2010, así como a la garantía de irretroactividad de las disposiciones fiscales consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política Federal, implicaría el que tales tasas le serían aplicables a actos o actividades realizadas a partir de dicha fecha y no a las realizadas con anterioridad.

Por lo que todas las operaciones llevadas a cabo hasta el 31 de Diciembre de 2009 tendrían que ser gravadas a la tasa general del 15%, o del 10%, si es que fueron realizadas en la región fronteriza, atendiendo también a la disposición contemplada en el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en relación a que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes en el momento en que ocurran.

Por tal motivo, actos o actividades gravadas por el IVA y realizadas o llevadas a cabo hasta el 31 de Diciembre de 2009, deben quedar sujetas a la tasa de impuesto vigente hasta esa fecha, es decir, a la tasa general del 15%, o del 10% si es que fueron realizadas en la región fronteriza, y ya el incremento en tasa del IVA sólo sería aplicable a actos o actividades realizadas a partir del 1º de Enero de 2010.

Sin embargo, en las disposiciones transitorias de la reforma a la Ley del IVA, y concretamente en la fracción III del Artículo Octavo del Decreto por el que se reforma y adiciona dicha ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 7 de Diciembre de 2009, se establece el que en el caso de operaciones celebradas en el 2009 y cobradas en el 2010, la tasa aplicable sería la vigente en el momento del cobro, es decir, ya la nueva tasa de IVA, no obstante que dicha operación se haya realizado o llevado a cabo en el 2009 cuando la tasa vigente era otra.

En efecto, en dicho numeral se precisa lo siguiente:

“Tratándose de la enajenación de bienes, de la prestación de servicios o del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, que se hayan celebrado con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto, las contraprestaciones correspondientes que se cobren con posterioridad a la fecha mencionada, estarán afectas al pago del impuesto al valor agregado de conformidad con las disposiciones vigentes en el momento de su cobro.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán acogerse a lo siguiente:

a.         Tratándose de la enajenación de bienes y de la prestación de servicios que con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto hayan estado afectas a una tasa del impuesto al valor agregado menor a la que deban aplicar con posterioridad a la fecha mencionada, se podrá calcular el impuesto al valor agregado aplicando la tasa que corresponda conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, siempre que los bienes o los servicios se hayan entregado o proporcionado antes de la fecha mencionada y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha.

Se exceptúa del tratamiento establecido en el párrafo anterior a las operaciones que se lleven a cabo entre contribuyentes que sean partes relacionadas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sean o no residentes en México.

 Tratándose del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, lo dispuesto en el inciso anterior se podrá aplicar a las contraprestaciones que correspondan al periodo en el que la actividad mencionada estuvo afecta al pago del impuesto al valor agregado conforme a la tasa menor, siempre que los bienes se hayan entregado antes de la fecha de la entrada en vigor del presente Decreto y el pago de las contraprestaciones respectivas se realice dentro de los diez días naturales inmediatos posteriores a dicha fecha”.

Como es posible observar, de tal disposición se desprende el que para el caso de operaciones realizadas en el 2009 y cobradas en el 2010, exista un tratamiento diferencial en función a la fecha de entrega del bien o prestación del servicio, así como a la fecha del cobro. Lo anterior ya que tal dispositivo señala que si los bienes fueron entregados o el servicio fue prestado antes del 1º de Enero de 2010 y el cobro fue realizado a mas tardar el 10 de Enero de 2010, entonces la tasa aplicable sería la vigente en el 2009, pero si los bienes o servicios fueron entregados o proporcionados con posterioridad al 31 de Diciembre de 2009 y/o el cobro de los mismos fue efectuado después del 10 de Enero de 2010, entonces la tasa aplicable a la operación sería la vigente en el 2010.

Lo anterior implica que aunque los bienes o servicios fueran entregados o proporcionados antes del 1º de Enero de 2010, pero si el cobro de los mismos se efectúa después del 10 de Enero de 2010, entonces la tasa aplicable sería ya la del 16% o del 11%, según la zona geográfica que corresponda, lo cual al margen de la problemática administrativa que esto ocasionará por el hecho de que los comprobantes serán expedidos por un monto distinto al que finalmente se cobrará, pues sin duda que es una situación que transgrede principios y garantías constitucionales que toda contribución debe reunir para su validez.

Lo anterior es así ya que con tal disposición se violenta el principio de equidad tributaria, por lo que 2 contribuyentes ante una misma situación recibirán un trato distinto, el cual estará determinado por la fecha de cobro y no por la operación en si misma, lo cual lo hace inequitativo, ya que para que no se violara tal principio, para que existiera justificación en el trato desigual, sería necesario que hubiese una diferencia en el acto o actividad realizada, o bien, en el tipo jurídico de persona que lo realiza, o incluso en el régimen fiscal donde tributa, pero en nuestro caso, la diferencia sólo se da en la fecha en que se cobra la operación.

Por lo tanto, nos encontramos en que 2 contribuyentes, sean ambos personas físicas o personas morales, tributando en el mismo régimen fiscal y realizando el mismo acto o actividad gravada para IVA, aplicarán distinta tasa de impuesto sólo por el hecho de que uno cobró la operación a más tardar el 10 de Enero de 2010 y el otro después de esa fecha, lo cual deriva en inequidad tributaria ya que el objeto de la Ley del IVA lo constituye la realización de actos o actividades, por lo que la posible distinción en el tratamiento fiscal entre los diversos contribuyentes del impuesto, debe estar en función a este objeto y no a la fecha en que se cobren los mismos, ya que tal fecha sólo representa el momento en que se debe enterar el impuesto, más no es lo que determina la causación del impuesto.

De igual manera, se viola la garantía de irretroactividad de las disposiciones legales contenida en el artículo 14 de la Constitución Política Federal, mismo que dispone que no se dará efecto retroactivo a ninguna ley en perjuicio de persona alguna, ya que se pretende aplicar una disposición vigente a partir del 1º de Enero de 2010 a una operación realizada con anterioridad a dicha fecha, con lo cual se violan derechos adquiridos de los contribuyentes.

Aunque de alguna forma se entiende la intención al establecer una disposición en tal sentido, ya que con ello indudablemente se pretende evitar el que los contribuyentes puedan realizar maniobras o estrategias tendientes a eludir el incremento en la tasa de impuesto, pues no por querer evitar posibles acciones de los contribuyentes se puede justificar el revestir de inconstitucionalidad una disposición fiscal, por lo que es necesario que se eliminen de nuestras disposiciones fiscales tales situaciones que lo único que ocasionan es molestia entre los contribuyentes y una mayor renuencia a cumplir debidamente con sus obligaciones fiscales, al estar revestidas tales disposiciones de una gran dosis de arbitrariedad y abuso de poder.

DEROGACIÓN EN ISR DEL ESTÍMULO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍA

 

Como parte de la reforma fiscal para el año 2010, se deroga el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), el cual contemplaba el estímulo fiscal consistente en la posibilidad de acreditar contra el ISR causado en el ejercicio, un monto equivalente al 30% del total de la erogación efectuada en gastos e inversiones relacionados con la investigación y desarrollo de tecnología, pudiendo efectuar tal acreditamiento hasta por los siguientes 10 ejercicios hasta agotar el saldo, en caso de que dicho monto excedía al ISR causado en el ejercicio.

Este estímulo fiscal que estaba vigente en la LISR desde el ejercicio 2002, había sido parte de una serie de medidas fiscales tendientes a incentivar la inversión en investigación y desarrollo de tecnología que en nuestro país se habían implementado desde la década de los años 70’s, pero sin un gran éxito debido a diversos inconvenientes y complejidad en su aplicación.

El mismo estímulo que se contemplaba en el ahora derogado artículo 219 de la LISR, presentaba ciertos inconvenientes para un resultado eficaz, tal como era el hecho de que al ser el estímulo únicamente acreditable contra el ISR causado en el ejercicio, pues entonces si se generaba pérdida fiscal o no se causaba ISR en el ejercicio por cualquier otro evento, pues entonces no se podía aprovechar el crédito en el ejercicio de la erogación, y se supeditaba el beneficio a que en el futuro (10 años siguientes) se generara el ISR suficiente para acreditarlo.

Aunado a este diferimiento en el futuro del beneficio, pues igual a partir del año 2008 existía el inconveniente de que el monto acreditado contra ISR no podía ser considerado como impuesto efectivamente erogado para fines del acreditamiento de éste último impuesto contra el IETU, por lo que de alguna manera se eliminaba el beneficio por la aplicación del estímulo fiscal, ya que se reducía o no se pagaba el ISR, como consecuencia de la aplicación del estímulo fiscal, pero se pagaba IETU.

Por tal motivo, y con la finalidad de seguir incentivando la investigación y desarrollo de tecnología en nuestro país, a partir del ejercicio 2009 se incluyó dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación una partida destinada a apoyar proyectos relacionados con tales fines, por lo que para ese año, así como para el 2010, las personas que inviertan en investigación y desarrollo de tecnología, podrán acceder al beneficio a través de la vía presupuestal, esto es, recibiendo en efectivo los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto respectivo.

Para tal fin, a partir del año 2009 se puede acceder al beneficio a través de 3 modalidades: INNOVAPYME, PROINNOVA e INNOVATEC, cada una con un monto máximo a otorgar por persona de 18, 21 y 36 millones de pesos respectivamente y un tope total de 2,500 millones de pesos a ser distribuidos en las 3 modalidades.

Al respecto, es conveniente mencionar que entre los requisitos a cubrir para ser beneficiarios del estímulo, se encuentra el de facturar el monto del recurso recibido, por lo que el mismo será considerado un ingreso acumulable para fines del ISR, aunque no así para IETU, al no ser un ingreso vinculado a los actos gravados por el impuesto.

A la fecha ya se encuentra abierta la convocatoria para los interesados en obtener el beneficio por el año 2010, siendo la fecha límite para presentar la solicitud la del 29 de Enero de 2010, en el caso de INNOVATEC, la del 5 de Marzo del 2010 en el caso de INNOVAPYME, y la del 30 de Marzo de 2010, en el de PROINNOVA.

Mayor información al respecto puede ser encontrada en la página web del CONACYT, en el siguiente vínculo:

 http://www.conacyt.gob.mx/Estimulos/2010/Convocatoria.pdf

LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA REFORMA AL RÉGIMEN FISCAL DE CONSOLIDACIÓN

Como parte de la reforma fiscal para el año 2010, se ha incluido el modificar las disposiciones que, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, regulan a la consolidación, en el sentido de establecer una fecha límite o máxima para que los contribuyentes que han optado por consolidar sus resultados para fines fiscales, deban efectuar el entero del impuesto que se ha diferido como consecuencia de los beneficios propios del régimen fiscal aplicable a la consolidación.

Al respecto es necesario recordar que hasta el año 2009, los grupos empresariales que consolidan sus resultados para fines fiscales, difieren el impuesto sobre la renta que se genera por sus utilidades hasta el momento en que ocurra cualquiera de las siguientes situaciones:

1.- Se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo;

2.- Varíe la participación accionaria en una sociedad controlada;

3.- Sea desincorporada una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, y

4.- La pérdida fiscal de un ejercicio fiscal no pueda disminuirse de las utilidades fiscales de la sociedad que la generó en un periodo de 10 años.

 

Por lo que de acuerdo a lo anterior, estos contribuyentes podían diferir el entero del ISR de manera indefinida, mientras no se situaran en las condicionantes antes citadas, ya que las disposiciones fiscales vigentes hasta el año 2009 no establecen un plazo máximo para el entero del impuesto. Sin embargo, en la iniciativa de reforma fiscal para el año 2010, tal situación se consideró inequitativa e injusta ya que el fisco se veía perjudicado de manera importante además de que se creaba un régimen de beneficio que excedía la intención de cuando fue creado el mismo.

Según la iniciativa de reforma, en la actualidad existen 4,862 empresas que consolidan para efectos fiscales, integradas todas ellas en 422 grupos. Sin embargo, el pago agregado por concepto del ISR individual y consolidado y del IETU que efectuaron estas empresas y los grupos en los que consolidan, correspondiente al ejercicio fiscal de 2008, representó apenas el 1.78% del total de sus ingresos declarados para el ejercicio fiscal de 2007.

Mientras que por otra parte, y según el Presupuesto de Gastos Fiscales 2009, se estima que el régimen de consolidación fiscal actual ocasiona el que el fisco deje de recaudar la cantidad de 12,478 millones de pesos por el ejercicio de 2009, mientras que para el ejercicio 2010, el monto que no se recaudará en virtud de tal régimen asciende a la cantidad de 13,134 millones de pesos.

Por lo que con la finalidad de evitar que esto siguiera ocurriendo se propuso y aprobó una iniciativa de reforma en donde se contempla básicamente lo siguiente:

1.- Que el ISR que se difiera por la aplicación de los beneficios propios del régimen de consolidación se limite a 5 años, periodo que se considera razonable para el fortalecimiento de la capacidad operativa y financiera del grupo,

2.- Que los contribuyentes que consolidan enteren al Fisco Federal, en cada ejercicio fiscal, el impuesto actualizado que hubieran diferido con motivo de dicha consolidación en el sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se deba efectuar el pago.

3.- El establecimiento de un esquema de pago fraccionado consistente en efectuar un pago inicial del 25% del impuesto diferido correspondiente al sexto ejercicio fiscal anterior a aquél en el que se realice el pago y el remanente durante los siguientes 4 ejercicios fiscales, en una proporción del 25%, 20%, 15% y 15%, respectivamente, por lo que el periodo establecido para el pago del ISR diferido en realidad se convierte en un periodo de 10 años. 

De esta forma, el ISR diferido se enteraría en los siguientes ejercicios y en los porcentajes indicados para cada uno de ellos:

 

Ejercicio fiscal a que corresponde el ISR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2004 y anteriores 25% 25% 20% 15% 15%      
2005   25% 25% 20% 15% 15%    
2006     25% 25% 20% 15% 15%  
2007       25% 25% 20% 15% 15%

 

Por lo que tal reforma, al modificar el tratamiento aplicable al ISR generado en ejercicios anteriores al año 2010, ha sido considerada inconstitucional por violar la garantía de irretroactividad de las leyes contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política Federal, no obstante que en la misma iniciativa de reforma se considera que no se viola tal garantía ya que el régimen de consolidación es opcional y voluntario para el contribuyente después de los primeros 5 años.

Por lo que de tal argumento podemos colegir que si un grupo de contribuyentes que consolida sus resultados para fines fiscales, no está de acuerdo o no le es conveniente la reforma fiscal planteada para el año 2010, pues se encuentra en total libertad de abandonar el régimen de consolidación y empezar a tributar dentro del régimen general, si es que ya han transcurrido los 5 años iniciales en donde si es obligatorio permanecer en el régimen de consolidación.

Por supuesto que tal decisión implicaría el que el grupo tuviera que enterar el total del ISR diferido con motivo de la consolidación fiscal en los 5 años previos, o en los que hubieran transcurrido si es que ya consolidaba en un período anterior, por lo que quizá no sería tan buena idea si consideramos que en el esquema de reforma para el 2010, se contempla el que el ISR diferido se cubra en parcialidades durante 5 años.

Igualmente, para justificar la reforma, se señala que las empresas que consolidan fiscalmente no cuentan con derechos adquiridos sobre la forma de tributar en el régimen de consolidación, por lo que el mismo puede ser modificado y el contribuyente tiene la total libertad de abandonar el régimen, ya que este es opcional y voluntario para el mismo.

En relación a esto, es necesario comentar que efectivamente los contribuyentes no tienen un derecho adquirido para tributar siempre bajo las mismas reglas, y que los regímenes fiscales en general son susceptibles de modificación, alterando de manera sustancial el tratamiento contemplado en ellos, sin embargo, tales modificaciones no pueden ser aplicadas de manera retroactiva afectando resultados, utilidades u operaciones que se realizaron o generaron bajo un esquema fiscal distinto, cuando esto ocasiona un perjuicio al contribuyente.

En efecto, el artículo 14 de nuestra Carta Magna establece que “A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, por lo que en esencia lo que prohíbe es la aplicación de ordenamientos jurídicos a hechos acaecidos con anterioridad a su inicio de vigencia cuando esto ocasiona un perjuicio a la persona, de tal forma que dicha garantía de irretroactividad parece ser simple de cumplir si consideramos que las leyes y demás disposiciones fiscales generalmente entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), o en una fecha que se señale expresamente en el Decreto respectivo y que igualmente es una fecha posterior a aquella en que se ha hecho la publicación en el DOF, por lo que entonces podríamos decir que las leyes y demás disposiciones fiscales tienen una aplicación siempre para actos futuros y nunca para actos anteriores a la fecha  de su publicación.

No obstante lo anterior, en ocasiones hay disposiciones que se retraen en el tiempo, es decir, que vuelven al pasado para regular situaciones ocurridas antes de su vigencia, ocasionando con ello el que tales situaciones se transformen o modifiquen en perjuicio de las personas, lo cual el ya citado precepto constitucional es justamente lo que garantiza no debe ocurrir.

En el caso concreto de la reforma al régimen de consolidación fiscal, ésta viola tal garantía ya que se modifican las condiciones sobre las cuales se debe enterar el ISR sobre las utilidades fiscales corporativas que se generaron al amparo de ciertas condicionantes que la reforma para el año 2010 desconoce totalmente. Lo anterior es así ya que, tal y como se ha comentado, a través de la reforma se pretende que las empresas enteren de manera fraccionada, a partir del ejercicio 2010, el ISR sobre las utilidades generadas en los ejercicios 2004 y anteriores, pero tales utilidades fueron generadas bajo el supuesto de que el ISR respectivo sólo se enteraría hasta el momento en que ocurriera alguna de las condicionantes establecidas en ley para ello, tal y como se ha señalado en su oportunidad, pero ahora con la reforma se desconoce tal hecho y se establece que tal ISR deberá enterarse a partir del ejercicio 2010, aunque no se hayan realizado o presentado las situaciones contempladas en su momento como condicionantes para enterar el ISR diferido por tributar en el régimen de consolidación fiscal.

Tal situación de inconstitucionalidad no se corrige por el simple hecho de que el contribuyente pueda cambiar de régimen fiscal, al ser el de consolidación fiscal opcional y voluntario para el contribuyente, ya que modifica el tratamiento fiscal al que estaba sujeto el ISR correspondiente a las utilidades generadas en los años 2009 y anteriores, todos ellos ejercicios en los que la condicionante para enterar el ISR derivado de las utilidades generadas, era el que ocurriera alguna de las siguientes situaciones:

1.- Se enajenen acciones de una sociedad controlada a personas ajenas al grupo;

2.- Varíe la participación accionaria en una sociedad controlada;

3.- Sea desincorporada una sociedad controlada o se desconsolide el grupo, y

4.- La pérdida fiscal de un ejercicio fiscal no pueda disminuirse de las utilidades fiscales de la sociedad que la generó en un periodo de 10 años.

Esto es, cuando en alguno de los ejercicios anteriores se generó una utilidad fiscal, el contribuyente que consolida sus resultados para fines fiscales tiene el derecho de que el ISR respectivo se entere hasta que ocurra alguno de los supuestos ya citados, lo cual era la regla vigente en ese momento, y es este derecho el que la reforma fiscal para el 2010 pretende desconocer cuando establece que ahora ese ISR deberá enterarse  de forma fraccionada a partir del ejercicio 2010, cuando tal disposición no existía en el momento en que tales utilidades se generaron, y por consiguiente, se determinó el ISR que se diferiría para el futuro.

En relación al principio y garantía de irretroactividad de las disposiciones fiscales en perjuicio del contribuyente, es conveniente recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acudido para explicarlo a la teoría de los derechos adquiridos y a la teoría de los componentes de la norma. Conforme a la teoría de los derechos adquiridos, se hace una distinción entre derechos adquiridos por los contribuyentes y lo que constituye simples expectativas de derecho para los mismos.

De esta forma, se señala que una norma viola la garantía de irretroactividad cuando afecta derechos adquiridos, mientras que no lo viola cuando se trata de simples expectativas de derecho, para lo cual se nos precisa que nos encontramos frente a derechos adquiridos cuando el individuo ha incorporado a su dominio, patrimonio o haber jurídico una facultad, provecho o derecho, mientras que en el caso de las expectativas de derecho, éstas sólo representan una esperanza o pretensión de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho.

Lo anterior así lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la siguiente tesis:

Tesis

2a. LXXXVIII/2001

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Junio de 2001

Tomo XIII

Novena Época

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.

De acuerdo a lo anterior, si un derecho se ha incorporado al patrimonio del particular, el mismo no puede ser desconocido o modificado por una disposición que entre en vigor con posterioridad, ya que evidentemente eso causaría un perjuicio al titular de tal derecho.

En el caso concreto, el contribuyente que ha generado ISR bajo el régimen de consolidación fiscal, ha adquirido el derecho de que tal impuesto se entere hasta que ocurra alguno de los supuestos contemplados en las disposiciones vigentes en el momento en que se generó el mismo, ya que la modificación al momento en que se deberá enterar el ISR por la generación de utilidades fiscales bajo el régimen de consolidación fiscal debe aplicar únicamente para el impuesto que se genere o determine a partir de la vigencia de la reforma respectiva. Esto es, el enterar el ISR de manera fraccionada a partir del 6º ejercicio siguiente, debe aplicar únicamente para aquel impuesto generado a partir del ejercicio 2010, pero no para el ISR determinado con anterioridad al 1º de Enero de dicho año, ya que el ISR correspondiente se difirió en el futuro bajo reglas totalmente distintas y pretender desconocerlo ahora es pretender modificar un derecho que el contribuyente ha incorporado a su haber jurídico, lo cual conlleva a una violación a la garantía de irretroactividad de las leyes.

Lo anterior se confirma aún mas bajo la teoría de los componentes de la norma, la cual señala que toda norma jurídica contiene o se integra por supuestos y consecuencias. Cuando tanto los supuestos como las consecuencias se han presentado u ocurrido durante la vigencia de una norma, esto no puede ser modificado o desconocido por una nueva norma que entre en vigor con posterioridad.

De igual manera, cuando las consecuencias no se realizan durante la vigencia de una ley, sino que ocurren después de que ha entrado en vigor una nueva norma, pero no se encuentran supeditadas a los supuestos contemplados en la nueva ley, sino que su realización simplemente estaba diferida en el tiempo, pues tampoco la nueva norma podrá modificar o desconocer las consecuencias no realizadas con anterioridad.

Eso es lo que se dispone en la siguiente jurisprudencia emitida por el Poder Judicial Federal:

Registro No. 188508

Localización:

Novena Época

Instancia: Pleno

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XIV, Octubre de 2001

Página: 16

Tesis: P./J. 123/2001

Jurisprudencia

Materia(s): Constitucional

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

Amparo en revisión 2030/99. Grupo Calidra, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia.

Amparo en revisión 375/2000. Ceras Johnson, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1551/99. Domos Corporación, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Manuel Quintero Montes.

Amparo en revisión 2002/99. Grupo Maz, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Manuel González Díaz.

Amparo en revisión 1037/99. Fibervisions de México, S.A. de C.V. y coags. 9 de agosto de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Rosalía Argumosa López.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinte de septiembre en curso, aprobó, con el número 123/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veinte de septiembre de dos mil uno.

 

Por lo que de acuerdo a lo anterior, es evidente la inconstitucionalidad de la reforma al régimen de consolidación fiscal por violar la garantía de irretroactividad de las leyes en perjuicio del particular, según lo dispuesto por el artículo 14 Constitucional, por lo que es mas que seguro que los 422 grupos empresariales que consolidan sus resultados para fines fiscales, opten por tramitar el amparo en contra de la reforma fiscal, existiendo grandes posibilidades de que los ganen, repercutiendo tal situación en la recaudación tributaria del país. 

PAQUETE ECONÓMICO 2010: EL UNIVERSO PARALELO DE CARSTENS

9 septiembre 2009 4 comentarios

Paquete económico 2010

El día de ayer 8 de Septiembre, el Ejecutivo ha presentado de manera oficial al Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico para el ejercicio 2010,  y  ante un entorno económico difícil como el que se vive actualmente en nuestro país, en donde hemos visto recortes presupuestarios y hasta medidas como las de bajar los salarios de los funcionarios públicos, pasando por supuesto por el aumento en el nivel de desempleo y en general una restricción en la actividad económica,  pues es evidente que hay que tomar las medidas pertinentes para reactivarla, para fomentar el empleo y la inversión, ya que es la única manera de salir de esta situación….Sin embargo, este paquete económico lejos de coadyuvar a lo anterior, se va por lo de siempre, la salida fácil consistente en aumentar los impuestos ya existentes y además crear nuevos impuestos.

Es verdaderamente increíble lo absurdo de tales medidas….Es que son tan ciegos para no darse cuenta que si actualmente los contribuyentes no disponen de recursos para crecer y abatir así el nivel de desempleo, pues con una carga tributaria mayor como la que pretenden imponer para el 2010, pues menos aún estarán en posibilidades de salir de la crisis económica? …….Es que con estas medidas pareciera ser verdad aquello que luego se dice, medio en broma, de que esta gente vive en un “mundo aparte”, en un universo paralelo, en donde cuando ven las arcas vacías piensan que es porque no se cobra lo suficiente, ya que los mexicanos en general vivimos en la abundancia, hay mucho dinero, hay suficiente oferta de trabajo y bien remunerada, el entorno económico es fértil para la inversión y el ahorro….Entonces si no hay dinero en las arcas, es porque los mexicanos son dados a la evasión fiscal y a no cumplir con sus obligaciones fiscales, por lo que no solo hay que aumentar los impuestos ya existentes, sino que hay que crear nuevos …¿?….

abundancia en México

Pero nada más alejado de la realidad!!….  Ellos en su mundo de opulencia, lujos y vida fácil no se percatan de que México somos todos y que si las finanzas públicas están en problemas no es precisa y únicamente porque no se cobra de impuestos lo suficiente….Hay muchas razones, pero la principal, al margen de la corrupción e ineptitud de los funcionarios públicos, así como al derroche indebido de los recursos públicos que por años ha sufrido el país a manos de toda esa banda de delincuentes de cuello blanco que integran todos y cada uno de los partidos políticos existentes, pues es el hecho irrefutable de que no existen las condiciones idóneas para crecer, para que las empresas se fortalezcan, para crear empleos, y que esto no va a cambiar con el incremento de la carga tributaria, sino que por el contrario, se va a agudizar aún mas, la crisis económica se hará más patente, ya que es mas que probable que ante el incremento en la carga fiscal, una empresa para poder sobrevivir tenga que despedir empleados, tenga que minimizar sus operaciones.

 Y es que en esta propuesta, propia de un universo paralelo en donde la situación económica es totalmente distinta a la imperante en nuestro mundo, entre otras cosas, se pretende lo siguiente:

1.- Incrementar la tasa de ISR del 28% al 30%.

 2.- Incrementar la tasa del IDE del 2% al 3% y bajar el límite exento a sólo $ 15,000.00, en vez de los $ 25,000.00 actuales.

 3.- Modificar la tarifa de ISR de las personas físicas incrementando de esta forma el ISR a pagar para ellas.

 4.- Aumentar el IEPS a cigarros y bebidas alcohólicas

 5.- Aumento del impuesto a los juegos con apuestas y sorteos

 6.- Nuevo impuesto a las telecomunicaciones, telefonía celular, Internet y servicios por cable.

 7.- Nuevo impuesto denominado Contribución para el Combate a la Pobreza, el cual es otro IVA pero con nombre distinto, y en donde el consumo se grava a una tasa del 2%.

Sin considerar lo ya comentado en relación al derroche y la corrupción en nuestro país, es evidente que si actualmente las finanzas públicas están en problemas es porque el país (léase los contribuyentes, ya que son los que realizan las actividades productivas), tienen problemas económicos….México somos todos….La situación económica de un país es en mucho el reflejo de la situación económica de los ciudadanos que lo integran, por lo que si la unidad (los ciudadanos) anda mal, el todo (país) anda igualmente mal.

Ante una situación así no se mata al integrante, sino que se establecen las medidas para fortalecerlo….Es que es tan difícil entender que si en vez de incrementar la carga tributaria, y con la cual se puede matar al contribuyente, se estableciera una política económica y fiscal que permitiera reinvertir las utilidades, esto ocasionaría un mayor empleo y fortalecimiento de la actividad económica, lo cual redundaría en un mayor flujo del efectivo y distribución de los recursos de manera natural, con lo cual una de las consecuencias es el incremento de la recaudación tributaria?.

 Solo esperemos que nuestros “honorables diputados” (así entre comillas), no sean tan insensatos en aprobar algo así….Aunque los antecedentes la verdad no dan muchas esperanzas…..

 Las iniciativas y en general todo el paquete económico lo pueden bajar en la siguiente liga:   

http://www.aplicaciones.hacienda.gob.mx/ucs/2009/index.html